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Demostración del GAM el 13 de abril de 1985 después de las muertes de sus líderes Héctor Gómez y Rosario Godoy de Cuevas. Fuente: “Guatemala: Eternal Spring, Eternal Tyrany”. [Cortesía de Jean-Marie Simon]

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Archivos Históricos Llevan al Arresto de Policías
en caso de Desaparición en Guatemala

Documentos desclasificados muestran que la Embajada de Estados
Unidos sabía que fuerzas de seguridad guatemaltecas estaban
detrás de la ola de secuestros de estudiantes y líderes sindicales

El National Security Archive hace un llamado para que se hagan públicos
los documentos del Ejército y se investigue quiénes fueron
los autores
intelectuales del secuestro de Fernando García y de otras desapariciones

National Security Archive Electronic Briefing Book No. 273

Por Kate Doyle y Jesse Franzblau
Traducido por Emilene Martínez-Morales

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Summaries of the testimony provided by five Mayan Quiché survivors and four expert witnesses

Death Squad Dossier
Military logbook of the disappeared

The Guatemalan National Police Archives

Washington, DC, March 17, 2009 – Después de un sorprendente avance en un caso de terror político en Guatemala ocurrido hace 25 años, el National Security Archive publica hoy documentos estadounidenses desclasificados relacionados a la desaparición de Edgar Fernando García, líder estudiantil y activista sindical capturado por fuerzas de seguridad guatemaltecas en 1984. Los documentos muestran que la captura de García fue un secuestro político bien organizado y orquestado desde los niveles más altos del gobierno guatemalteco.

Autoridades guatemaltecas realizaron el primer arresto en este caso, inactivo por muchos años, cuando detuvieron el 5 de marzo a Héctor Roderico Ramírez Ríos, un oficial de alto rango de la policía en Quetzaltenango, y el 6 de marzo al policía jubilado Abraham Lancerio Gómez, como resultado de la investigación del secuestro de García por parte del Procurador de Derechos Humanos – PDH. Órdenes de arresto fueron emitidas para dos sospechosos más, Hugo Rolando Gómez Osorio y Alfonso Guillermo de León Marroquín. Ambos ex-oficiales de la notoria Brigada de Operaciones Especiales (BROE) de la Policía Nacional, una unidad ligada por grupos de derechos humanos a actividades de escuadrones de la muerte durante los 80s.

De acuerdo al procurador Sergio Morales, los sospechosos fueron identificados usando evidencia encontrada en los extensos archivos de la Policía Nacional. El masivo y deteriorado acervo fue descubierto por accidente por la PDH en 2005, y desde entonces ha sido saneado, organizado y examinado por docenas de investigadores. El National Security Archive proveyó recomendaciones especializadas sobre el rescate del archivo y publicó fotografías y análisis sobre el mismo en su página de Internet. La semana pasada, Morales entregó cientos de documentos adicionales al Ministerio Público, los cuales contienen evidencia de la participación de fuerzas de seguridad del Estado en la desaparición de otros líderes estudiantiles entre 1978 y 1980. Mientras el Archivo Histórico de la Policía Nacional se prepara para emitir su primer gran reporte el 24 de marzo, se espera que más evidencia sobre crímenes de derechos humanos sea hecha pública.

Campaña de Terror del Estado

La desaparición de Fernando García forma parte de una campaña de terror del Estado diseñada para destruir los movimientos sociales urbanos y rurales durante los años 80s.  El 18 de febrero de 1984, el joven líder estudiantil fue capturado en las afueras de un mercado cerca de su casa en la Ciudad de Guatemala. Nunca más fue visto. Aunque testigos señalaron la participación de la policía, el gobierno, bajo el mando del entonces Jefe de Estado Oscar Humberto Mejía Víctores, siempre negó cualquier participación en el secuestro. De acuerdo al reporte emitido por la Comisión de Esclarecimiento Histórico en 1999, García es uno de los 40,000 civiles que se estima desaparecieron en manos de agentes del Estado durante los 36 años del conflicto civil en Guatemala.

Tras el secuestro de García, su esposa, Nineth Montenegro - ahora miembro del Congreso de Guatemala – fundó el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una organización de derechos humanos que ha presionado al gobierno por información sobre familiares desaparecidos. Co-fundada con otras familias de desaparecidos, GAM se consolidó en junio de 1984, organizando demostraciones, reuniéndose con oficiales de gobierno y liderando una larga campaña con el objetivo de encontrar la verdad detrás de las miles de desapariciones en Guatemala. Rápidamente se sumaron a la organización cientos de familiares de las víctimas de violencia de Estado, incluyendo a grupos Mayas que se habían visto afectados por la brutal campaña contrainsurgente que diezmó a comunidades indígenas en el Altiplano durante los 80s.

Documentos desclasificados obtenidos por el National Security Archive a través de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act – FOIA) indican que los Estados Unidos estaban conscientes de la campaña gubernamental para secuestrar, torturar y asesinar a líderes sindicales que estaba siendo llevada a cabo cuando García fue desaparecido. “Fuerzas de seguridad del gobierno han empleado el asesinato para eliminar a personas sospechosas por estar involucradas con la guerrilla o que tienen orientaciones izquierdistas”, escribió el Buró de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado cuatro días después de la desaparición de García, señalando en particular al “notorio servicio de inteligencia presidencial (archivos)” del Ejercito y a la Policía Nacional, “quienes tradicionalmente han considerado que los líderes sindicales son comunistas”.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala consideró a la ola de secuestros auspiciados por el Estado como parte de un esfuerzo para recabar información de sindicatos “Marxistas-Leninistas”. “El gobierno está llevando a cabo redadas de personas conectadas a movimientos sindicales de extrema izquierda para interrogarlos”, escribió el Embajador de los Estados Unidos, Frederic Chapin, en un cable que nombra a seis líderes sindicales recientemente capturados, incluido a García. A pesar de los reportes que señalaban que García estaba muerto, el Embajador estaba “optimista” que tanto García como otros detenidos serían liberados después de concluidos sus interrogatorios.

Muchas de las víctimas de secuestro nombradas en los documentos estadounidenses incluidos en esta publicación también aparecen en el “Diario Militar”, un documento de inteligencia del Ejército que lista a 183 personas que fueron desaparecidas por fuerzas de seguridad a mediados de los años 80. En 1999, el National Security Archive obtuvo este Diario y dio a conocer públicamente una copia del mismo. El Diario indica que García estaba dentro de docenas de estudiantes, profesores, doctores, periodistas, líderes sindicales, entre otros, que fueron sujetos a una intensiva vigilancia del Ejército y la Policía en las semanas anteriores a su captura, desaparición – y en más de la mitad e los casos – su ejecución. La mención de Fernando García en el Diario incluye información sobre sus supuestos alias subversivos y su afiliación con el Partido Guatemalteco de Trabajadores (PGT), así como detallada información personal extraída de documentos oficiales tales como su cédula de identidad y pasaporte. Otras víctimas nombradas en el Diario Militar, que también aparecen en los documentos publicados hoy, incluyen a: Amancio Samuel Villatoro, Alfonso Alvarado Palencia, José Luis Villagrán Díaz y Santiago López Aguilar. Los documentos estadounidenses describen su desaparición en el contexto de la campaña gubernamental que buscaba sistemáticamente desmantelar al movimiento sindical en Guatemala.

Los documentos estadounidenses publicados el día de hoy contienen información reveladora sobre el uso de desapariciones extra-legales como una estrategia contrainsurgente que llegó a su apogeo durante el gobierno de Oscar Mejía Víctores. Oficiales norteamericanos estimaron que en 1984 se realizaron un promedio de 137 secuestros al mes bajo el régimen de Mejía Víctores. De acuerdo a un extenso reporte del Departamento de Estado, escrito en 1986, parte del modus operandi de los secuestros de Estado consistía en interrogar a las víctimas en bases militares, estaciones de policía y casas de seguridad del gobierno, donde información sobre las supuestas conexiones con los insurgentes era “extraída mediante tortura”. Las fuerzas de seguridad utilizaron la información para conducir redadas conjuntas (ejército y policía) a través de la ciudad, en las que capturaron clandestinamente a cientos de individuos que no volvieron a ser vistos, o cuyos cuerpos fueron desechados y después descubiertos con signos de tortura. La Policía Nacional, servil a la jerarquía del Ejército, creó unidades especiales para ayudar a los militares en las operaciones contrainsurgentes urbanas.

Los documentos también demuestran los esfuerzos del Ejército para encubrir su participación en las actividades extra-judiciales. En 1985, por ejemplo, mientras Guatemala preparaba la transición a un gobierno civil, el primero en 25 años, el Ejército ordenó al Archivo – unidad a la cual el Departamento de Estado denominaba “un grupo secreto en la oficina de Presidente que obtiene información de los insurgentes y opera en contra de ellos” – mover sus documentos fuera del control presidencial y trasladarlos a la Dirección de Inteligencia (D-2) del Ejército.

Documentos norteamericanos también hacen una crónica de los acontecimientos en los que se vieron envueltos miembros del GAM – quienes se convirtieron también en blanco de la violencia gubernamental.  Los miembros del GAM sufrieron el peor período de violencia durante la Semana Santa de 1985, comenzando con el secuestro de uno de sus dirigentes, Héctor Gómez Calito, cuyo cuerpo torturado y mutilado fue encontrado el 30 de marzo de 1985. De acuerdo a una fuente de información de la Embajada de Estados Unidos, agentes del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) de la Policía Nacional habían estado recabando información sobre Gómez en los días anteriores a su secuestro. Dos semanas antes de su desaparición, el Jefe de Estado, Oscar Mejía Víctores, públicamente acusó a los miembros del GAM de ser manipulados por las guerrillas y cuestionó sus fuentes de financiamiento. Después del asesinato de Gómez Calito, Rosario Godoy de Cuevas, co-fundadora del GAM y viuda del desaparecido líder estudiantil Carlos Ernesto Cuevas Molina, fue encontrada muerta al fondo de una fosa ubicada a 2 millas de la Ciudad de Guatemala junto con su hijo de 2 años y su hermano de 21. Mientras que el gobierno sostenía que sus muertes habían sido resultado de un accidente, informantes de la Embajada rechazaban la versión oficial de los hechos y aseguraban que Godoy había sido el blanco y que su muerte era un homicidio premeditado. Asimismo monitores de derechos humanos que vieron los cuerpos señalaron que al infante le habían sido arrancadas sus uñas.

Futuras Investigaciones

El arresto de oficiales de la policía en Guatemala es un paso sin precedentes en la lucha en contra de la impunidad y es testimonio de los esfuerzos de investigación que se están llevando a cabo en el histórico archivo de la Policía Nacional. Los documentos desclasificados demuestran, sin embargo, que la desaparición de Fernando García no fue producto de un arresto ordinario de la policía, sino un secuestro político bien organizado y orquestado en los más altos niveles de gobierno. Además de los documentos de la policía, que han resultado cruciales como nueva evidencia en este caso, el hacer públicos los documentos del Ejército relevantes a la desaparición de García es crítico para desentrañar el rol que jugaron el Alto Mando del Ejército y el Jefe de Estado en este crimen. Junto con los autores materiales del crimen, aquellos que planearon y ordenaron el secuestro de García también deben ser investigados. Al momento de su desaparición, el personal clave dentro del Ejército y la Policía, que estaba a cargo de la campaña urbana de  contrainsurgencia era:

Jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (D-2): Byron Disrael Lima Estrada
Jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP): Juan José Marroquín Siliezar
Directores del Archivo (Archivo General y Servicios de Apoyo del EMP): Marco Antonio González Taracena y Pablo Nuila Hub
Jefe de la Policía Nacional: Héctor Rafael Bol de la Cruz

Oscar Mejía Víctores, el ex Jefe de Estado de Guatemala, es actualmente uno de 8 oficiales guatemaltecos acusados de genocidio y otros crímenes en un caso internacional que está siendo investigado por el Juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional de España.

El caso de García también es importante en el contexto de la actual lucha en contra del crimen organizado en Guatemala. Durante la misma semana en la que se llevó a cabo el arresto de dos de los policías que participaron en la desaparición de Fernando García hace 25 años, la PDH anunció que policías en activo y jubilados están involucrados en bandas de secuestradores que operan hoy en día. Fiscales guatemaltecos han anunciado que están investigando al menos a 10 miembros de la unidad anti-secuestros de la policía por su rol en crímenes de esa índole. La batalla por la justicia y la rendición de cuentas por crímenes del pasado en Guatemala tiene una relación directa con los actuales esfuerzos para desmantelar redes armadas ilegales. Los arrestos de la semana pasada marcaron un primer paso importante en la dirección correcta para acabar con la impunidad generalizada en Guatemala.


U.S. documents on government death squad operations, the disappearance of Edgar Fernando García, and attacks on Guatemala’s Mutual Support Group - GAM

Document 1
February 23, 1984
Trade-Union Leaders Abducted
U.S. Embassy in Guatemala, Classified Cable

The U.S. Embassy in Guatemala informs Washington about the abduction of Fernando García and other trade-union officials in the recent weeks. According to press accounts on his disappearance, armed men kidnapped him while he was walking in Guatemala City on February 18, 1984. The cable provides information on related incidents of abductions of labor activists in the weeks leading up to Fernando García’s capture, describing the disappearances in the context of the widespread government targeting of Guatemala’s labor leaders. The document provides information on the political and organizational affiliation of the recently disappeared labor activists. According to the cable, Fernando García was part of CAVISA, the industrial glass union, which is an “affiliate of the communist trade-union confederation FASGUA,” Guatemala’s autonomous federal trade-union.

It also mentions that the disappeared victims were associated with the CNT (Confederacion Nacional de Trabajadores), and makes reference to the case of the 28 CNT labor leaders, who “disappeared in 1980 in one fell swoop. It is believed that GOG security forces murdered all of them.” The other group mentioned is the National Council for Trade Union Unity – CNUS, which asserted that Fernando García was already dead. Despite those claims, the U.S. Embassy remained “optimistic that Fernando García of CAVISA will be released.” Edgar Fernando García was never seen or heard from again.

Document 2
February 23, 1984

Guatemala: Political Violence Up
U.S. Department of State, secret intelligence analysis

The same day that Embassy officials inform Washington of Fernando García’s disappearance, the State Department produces an intelligence report on the recent spike in political assassinations and disappearances. The intelligence report describes several notable cases of victims in the “new wave of violence,” over the past several weeks, and provides key information on police coordination with military intelligence in government kidnappings. It mentions the recent abduction and release of a labor leader and confirms that “he had been kidnapped by the National Police, who have traditionally considered labor activists to be communists.” It states that the detective corps (the DIT) of the National Police has traditionally been involved in “extra-legal” activities, working alongside the Army’s presidential intelligence unit, the Archivos. 

(Document previously posted: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB15/index.html)

Document 3
March 19, 1984
Guatemala: Democratic Trade Union Confederation CUSG Protests Abductions of Trade-Union Leaders
U.S. Embassy in Guatemala, confidential cable

Less than a month after Fernando García’s disappearance, the U.S. Deputy Chief of Mission in Guatemala, Paul D. Taylor reports on the growing protests from the Confederation of Syndicalist Unity (CUSG) over the recent disappearance of trade-union leaders, “especially the disappearance of STICAVISA trade-union official Edgar Fernando García.” The CUSG blames the disappearances on the “government attempts to destabilize the Guatemalan labor movement,” a charge which the government denies. The cable goes on to describe the individual cases of the disappeared, including the case of the escaped prisoner Álvaro René Sosa Ramos, who “fled to asylum in the Belgian Ambassador’s residence after being shot in an attempt to escape his captors. Once recovered from gunshot wounds, he will be going into exile.” Sosa Ramos is mentioned in the Death Squad Dossier as entry number 87.

The document offers further background as to why the labor leaders are disappearing. According to the U.S. Deputy Chief of Mission Paul D. Taylor, “By picking up leftist trade-union leaders connected with the CNT and the FASGUA, the government of Guatemala – advertently or inadvertently – is destabilizing the Marxist-Leninist wing of the Guatemalan labor movement.” His analysis concludes that the individuals were most likely targeted due to government suspicion that they were connected to armed insurgent groups, and that “security forces are after them for that reason.”

Document 4
April 3, 1984

Guatemala: March 25-29 Visit of U.S. Trade-Union Delegation
U.S. Embassy in Guatemala, classified cable

International pressure continues to mount for investigations into the disappearances of Fernando García and other labor leaders. The cable reports on a trade-union delegation visit to Guatemala, led by former U.S. Assistant Secretary of State for Human Rights Pat Derian. The delegation presses Embassy officials for information on the missing trade-union leaders. The Embassy continues to make the point that “all of these abducted union leaders are from the leftist CNT,” emphasizing the political orientation of the disappeared victims.

The delegation maintains that Fernando García was being held by the army, and asked the Embassy to look into his disappearance, as well as that of Jose Luis Villagrán, “disappeared February 11, 1984 in zone 11.” U.S. officials promise they will “make inquiries to the government about all these people.” Ms. Derian presses further, asking them to make “representations,” not just “inquiries” into the disappearances. Deputy Chief of Mission Paul D. Taylor still maintains, however, that it has yet to be demonstrated “whether government forces seized all these trade-unionists” and further comments “If the GOG has picked them up, it is almost certainly for matters other than their trade-union activities.”

Document 5
April 1, 1985

Murder of Member of Mutual Support Group (GAM)
U.S. Embassy in Guatemala, limited officials use cable

The cable reports on the death of Héctor Orlando Gómez Galito, a member of the activist Mutual Support Group (GAM). The Embassy reports that he was “abducted and assassinated the weekend of March 30-31.” Gómez was kidnapped by unidentified men after leaving a weekly GAM meeting in Zone 11 of Guatemala City, and his body was discovered near the Pacific highway 15 miles from the city. “His assassination follows in the wake of reports that members of the groups had been the subject of unspecified threats.”

The cable lists the co-directors of GAM as Beatriz Velasquez de Estrada, Aura Farfán, Maria Rosario Godoy de Cuevas, Maria Choxom de Castañón, Nineth Montenegro de García, and another Mrs. García, the mother of Edgar Fernando. The cable examines Héctor Gómez Calito’s involvement in the organization, concluding that he may have acted as a spokesperson unofficially because of security concerns. Gómez was one of the group’s planner for a march to be held on April 12 or 13, and, “According to reports, the GAM claims that Gómez was killed because of his involvement with the organization.”

Document 6
April 3, 1985

Background on Case of Héctor Orlando Gómez Calito, Murdered “Mutual Support Group” (GAM) Member: Embassy Discussions with Two Sources
U.S. Embassy in Guatemala, confidential cable

GAM director, Nineth Montonegro de García, and Father Alain Richard, member of Peace Brigades International (PBI), meet with U.S. officials to provide the Embassy with background information on the death of Héctor Gómez. They explain that Gómez had joined GAM following the disappearance of his brother, and had acted as a publicist for the group. Richard tells officials that the police detective corps (DIT) had asked the mayor of the town of Amatitlan, where Gómez was from, for information about his activities, and that his house was reportedly under surveillance by “men in automobiles.”

The Embassy also states “Richard had no doubts that the GOG [the Government of Guatemala] was directly responsible for Gomez’s murder.” Richard added that regardless of the belief that the entire group was being watched, GAM would continue their advocacy efforts. The cable ends by noting “Embassy officers will meet GAM directors on Monday, April 8.”

Document 7
April 4, 1985

Background and Recent Developments of the Mutual Support Group (GAM)
U.S. Embassy in Guatemala, Confidential Cable

The Embassy provides a summary of GAM organizing in March, “with some emphasis on its activist activities (blocking traffic, occupation of government offices, etc.) and the GOG reaction to those activities.” It gives background on the creation of the group, dating its first public appearance in early July 1984, when GAM members began publicly campaigning for an investigation into the disappearances of their relatives and calling upon others to join. They approached the Embassy shortly thereafter, “asking for our assistance on behalf of 67 missing persons.”

A few days after a GAM event in November 1984, they were received by Chief of State General Mejía, where “they repeated their demands” to investigate the disappeared. They met with Mejía a second time, which led to the formation of a government commission ostensibly to look into the GAM charges. In March 1985, they occupied the offices of the Guatemalan Attorney General, “protesting the lack of action by the GOG Tripartite Commission.” Beginning in mid March, the government began to express disapproval of the tactics chosen by GAM to pursue their objectives. Press reports carried warnings issued by Mejía Víctores in which he “charged that the GAM was being manipulated by the insurgents and questioned the source of the group’s funds.”

According to the cable, the Embassy had informed Washington on March 25 that four members of GAM had allegedly received various threats. One of the names on their list was Héctor Gómez, even though he was “not then known to the Embassy in any capacity related to GAM. Additional information regarding the specifics of Gómez’s murder have been provided.”

Document 8
April 6, 1985

Death of Maria Rosario Godoy de Cuevas, a Director of the “Mutual Support Group” (GAM)
U.S. Embassy in Guatemala, Confidential Cable

Before Embassy officials had the chance to meet with GAM members again, another one of their members was killed. “At about 8:00 pm April 4, Maria del Rosario Godoy Aldana de Cuevas, a founder and member of the board of directors of GAM was found dead in her automobile.” Three days after Rosario Godoy de Cuevas delivered the eulogy at Héctor Gómez’ funeral, she was found dead along with her 2-year-old son and 21-year-old brother. U.S. Embassy provides the official story given by the Guatemalan government, that she was “the victim of an apparent vehicular accident.” Embassy sources, however, believe the death was premeditated, and note several contradictory facts in the official version of events. Rosario de Cuevas helped found GAM following the disappearance of her husband, Carlos Ernesto Cuevas Molina, another labor leader who was kidnapped on May 15, 1984.  

Document 9
April 9, 1985
Mutual Support Group (GAM) Update
U.S. Embassy in Guatemala, Confidential Cable

Provides further information on the death of Maria Godoy de Cuevas, and describes the “sense of threats felt by GAM members.” In press broadcasts Archbishop Prospero Penados referred to the recent events, including the Cuevas deaths, as the “holy week of shame and fear” in Guatemala, and called the deaths a “bloody act.”

Embassy comments on the matter of the autopsy, noting that it is unclear what examination was completed by “police forensic specialists.” An Embassy source also said “he had heard that the victims had died of asphyxiation and that a ‘bogus autopsy’ had been performed…another rumor circulating said that the victims had died from gunfire. But again, no details or proof have been offered.” The Guatemalan Interior Minister said he had the “official report that showed the Cuevas case to have been an accident.”

The cable reiterates that “GAM members had recently began to receive anonymous threats by letter and telephone,” and that other press reports spoke of anonymous threats against the organization. Threats notwithstanding, the group announced plans for another public protest later that month.

Document 10
April 9, 1985

Conversation with the Chief of State on Human Rights
U.S. Embassy in Guatemala, Confidential Cable

Five days after the death of Rosario Godoy de Cuevas, U.S. Ambassador-at-large for Central America Harry Shlaudeman visits Guatemala and meets with Mejía Víctores and Foreign Minister Fernando Andrade. During the meeting, U.S. Ambassador to Guatemala Alberto M. Piedra takes Mejía Víctores aside to express U.S. concern over the recent events, “especially the death of Maria Rosario Godoy de Cuevas.” He indicates that “even if the government had nothing to do with the matter, public opinion abroad would definitely blame the military.” The Ambassador explains that the high profile violence was making it difficult to defend Guatemala’s position, especially in Congress, and this could endanger their efforts to increase aid to the government. 

Piedra also takes aside the Foreign Minister, who tells the Ambassador that he was against the “continuance of these types of crime.” He added that the U.S. Embassy should continue opposing such violations to all sectors of Guatemalan society, “and in a very special way to the military.”

Document 11
March 28, 1986

Guatemala’s Disappeared: 1977-86
Department of State, Bureau of Inter-American Affairs, secret report

This Department of State report from 1986 provides details on the evolution of the use of forced disappearance by security forces over the decade prior, and how this tactic became institutionalized under the Mejía Víctores regime. “In the cities, out of frustration from the judiciary’s unwillingness to convict and sentence insurgents, and convinced that the kidnapping of suspected insurgents and their relatives would lead to a quick destruction of the guerilla urban networks, the security forces began to systematically kidnap anyone suspected of insurgent connections.” The documents estimates there were 183 reported cases of government kidnapping the first month of the Mejía government, and an average of 137 abductions a month through the end of 1984. Part of the modus operandi of government kidnapping involved interrogating victims at military bases, police stations, or government safe houses, where information about alleged connections with insurgents was “extracted through torture.”

The document concludes that the U.S. embassy and the State Department have failed in the past to adequately grasp the magnitude of Guatemala’s problem of government kidnapping. 

(Document previously posted: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB15/index.html)

 


El ex-policía Héctor Roderico Ramírez Ríos, acusado de participar en el secuestro de Fernando García, es detenido por cargos de detención ilegal y desaparición forzada. [Foto Cortesía de Prensa Libre]

Foto familiar de la hija de Nineth García y su esposo Fernando antes de su secuestro el 18 de febrero de 1984.  Fuente: “Guatemala, The Group for Mutual Support,” Un Reporte de Americas Watch. [Cortesía de Jean-Marie Simon]

Nineth Montenegro es removida por policías después de ocupar un edificio gubernamental con otros miembros del GAM durante el régimen de Vinicio Cerezo. [Foto Cortesía de Prensa Libre]

Agente no uniformado de la Policía Nacional situado fuera de la sede judicial en la Zona 1 de la Ciudad de Guatemala. [Foto Cortesía de Jean-Marie Simon]

Información sobre Fernando García contenida en el Diario Militar

Rosario Godoy de Cuevas en un rally del GAM, dos meses antes de que fuera asesinada. [Foto Cortesía de Jean-Marie Simon]

Óscar Humberto Mejía Víctores, era Jefe de Estado cuando Fernando García fue secuestrado. Mejía Víctores está acusado en cortes internacionales por su participación en crímenes de lesa humanidad, tales como desapariciones forzadas, que fueron llevadas a cabo durante su régimen. [Foto Cortesía de Prensa Libre]

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