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Mexican President Gustavo Díaz Ordaz (right) and Government Minister Luis Echeverría Alvarez

2 DE OCTUBRE DE 1968 - Verdad Bajo Resguardo

National Security Archive Electronic Briefing Book No. 258

Posted - October 2, 2008

For more information contact:
Kate Doyle kadoyle@gwu.edu
Susana Zavala  zavalasusana@gmail.com

Mexican army soldiers with detainees from the Tlatelolco massacre, October 2, 1968

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Washington D.C., October 2, 2008 - We have arrived at the fortieth anniversary of the massacre at Tlatelolco with little to report. The events of that terrible day remain shrouded in the kind of secrecy that characterizes repressive dictatorships rather than the modern, developed and democratic nation that Mexico is today. This shameful state of affairs is due first and foremost to the lies, misinformation and equivocations of those originally responsable: the late President Gustavo Díaz Ordaz; his hardline deputy, Government Minister Luis Echeverría Alvarez; Marcellino García Barragán, Secretary of National Defense; Chief of the Presidential Staff Luis Gutiérrez Oropeza; Mario Ballesteros Prieto, Chief of Staff to the Secretary of National Defense; and Alfonso Corona del Rosal, Regent of the Federal District.

But those men, and the era they represented, have receded into the distant past and no longer pose the greatest obstacle to understanding what happened to Tlatelolco. That honor belongs to the current government of Mexico, which has steadfastly refused to provide the records and testimony necessary to clarify October 2nd once and for all. The dishonest and incomplete efforts of ex-President Vicente Fox to compel his agencies to turn over their files related to Tlatelolco and to launch competent criminal investigations of former Mexican officials is exacerbated today by stonewalling on the part of President Calderón’s government. To investigate Tlatelolco among the files preserved at the Archivo General de la Nación is to lose oneself in a black hole of missing documentation, enduring secrecy and an intransigent and arrogant staff.

To mark the solemn occasion of the anniversary of Tlatelolco, Archivos Abiertos offers the most complete account to date of what files exist on October 2nd – and what remains hidden.  It is our hope that the survivors of Tlatelolco, families of the victims, historians, journalists and human rights investigators will use this account as a guide to insist on a full and truthful version of the events of the massacre. Así – y solo así - podamos llegar a un México verdaderamente abierto.

Washington D.C., 2 de octubre 2008 - Nosotros hemos arrivado en el cuadragésimo aniversario de la masacre de Tlatelolco con poco que reportar. Los eventos de ese terrible día continuan envolviendo los secretos que caracterizaron el régimen represivo y dictatorial que se vivió en México en aquella época, a diferencia de la actualidad en donde México es una nación moderna, desarrollada y democrática. Este vergonzoso suceso se dió gracias a las mentiras, a la desinformación y a los errores de los originales responsables: el ex Presidente Gustavo Díaz Ordaz; su segundo al mando, el Secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez; Marcellino García Barragán secretario de la Defensa Nacional; al Jefe del Estado Mayor Presidencial Luis Gutiérrez Oropeza; a mario Ballesteros Prieto, Jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional; y a Alfonso Corona del Rosal, regente del Distrito Federal.

Pero esos hombres, la era que representaron y los grandes obstáculo para entender lo que sucedio en Tlatelolco quedaron enterrados en el pasado. Ese honor correponde al gobierno actual de México, el cual se ha negado a dar información que pudiese aclarar todo lo que sucedio el 2 de Octubre de una vez por todas. Lo deshonesto y los esfuerzos incompletos del ex Presidente Vicente Fox para obligar a sus agencias a abrir los archivos e iniciar una investigación criminal, es agravado hoy en día por el gobierno del actual Presidente Felipe Calderón el cual obstruye la investigación entre los archivos preservados en el Archivo General de la Nación, en donde esforzarse a investigar es perderse en un hoyo negro de falta de documentación, aguantando al personal intransigente y prepotente.

Para marcar la solemne ocasión del aniversario de Tlatelolco, Archivos Abiertos ofrece la más completa información hasta la fecha de los archivos que existen acerca del 2 de Octubre, y lo que permanece escondido bajo resguardo. Es nuestra esperanza que los sobrevivientes de Tlatelolco, las familias de las víctimas, los historiadores,  los periodistas y los investigadores de los derechos humanos utilizen esta información como guía para insistir en una versión completa y veraz de los acontecimientos de la masacre. Así - y sólo así - podamos llegar a un México verdaderamente abierto.

 

2 DE OCTUBRE DE 1968 - Verdad Bajo Resguardo
Editado por Kate Doyle y Susana Zavala

Para Mayor Información Contactar a
Kate Doyle kadoyle@gwu.edu
Susana Zavala  zavalasusana@gmail.com

Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, se decretó el acuerdo presidencial, 27 de noviembre de 2001, mediante el cual se disponía de diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado.

Una de las disposiciones ordenó que la documentación en poder de las dependencias federales fuera transferida al Archivo General de la Nación (AGN) para atender la recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que había documentado 532 casos de desaparición forzada de personas por motivos políticos. A estas investigaciones se les daría seguimiento a través de una fiscalía especial dependiente de la Procuraduría General de la República.
 
En 2002 la Oficina del Fiscal Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (OFEMOSPP), encabezada por Ignacio Carrillo Prieto, abrió sus puertas para integrar las averiguaciones previas de los casos investigados previamente por la CNDH. Tiempo después, Carrillo atrajo también las denuncias de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 y los hechos del 10 de junio de 1971. Su misión era comprobar la responsabilidad de funcionarios, de todos los niveles (que ejercieron funciones en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta) en delitos en contra de personas vinculadas a grupos de oposición al gobierno mexicano de aquellos años.

Pero, ¿cuáles fueron las Secretarías de Estado que atendieron esta medida? ¿Cuáles no cumplieron y estaban obligadas? ¿Cuándo y en dónde se resguardó la documentación de aquellas que acataron el acuerdo? ¿Quiénes pueden tener acceso a estos documentos? ¿Quiénes se hicieron cargo de monitorear el total cumplimiento del mandado presidencial? Estas y muchas otras preguntas motivaron a The National Security Archive a realizar una exhaustiva investigación haciendo uso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) para conocer los detalles del cumplimiento a la disposición presidencial y su vigencia actual.

Dependencias que cumplieron

SEDENA (DOCUMENTO 1)

Former Mexican President Vicente Fox

Sólo algunas de las Secretarías de Estado atendieron el acuerdo de Fox. De las primeras en hacer entrega de parte de su archivo histórico fueron las Fuerzas Armadas.  El 22 de enero de 2002, la SEDENA, mediante Acta de Transferencia, hace entrega de información generada desde 1965 hasta 1985.

 “En la Ciudad de México, DF, siendo las dieciocho horas del día veintidós del mes de enero del año dos mil dos, en las instalaciones del Archivo General de la Nación, se precede a suscribir la presente acta de cumplimiento al acuerdo presidencial. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre del 2001. Mediante el cual dispone diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, con la representación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional el C. General de División EM Roberto Miranda Sánchez, Director General de Archivo e Historia y por parte de la Secretaría de Gobernación la C. Dra. Stella María González Cicero, Directora del Archivo General de la Nación…”

El documento termina asentando “Por lo anterior la Dirección del Archivo General de la Nación, custodiará y conservará el acervo documental que constituye la información que le es transferida en estricto acatamiento al Acuerdo Presidencial de mérito.”  El acta consta de 9 fojas de las que se resume la siguiente cifra: Cajas 486, legajos 1,653 y un total de 150,713 hojas de 36 Zonas Militares de las 45 que actualmente existen.

La consulta de este fondo documental no tiene mayores restricciones que las señaladas por el área de referencia del AGN. Sin embargo, éste no cuenta con  un índice temático completo que facilite la búsqueda de información, aunque el AGN en su Centro de Referencias tiene a disposición de los investigadores el que le entregó SEDENA.

Por otra parte, hemos identificado documentos que adjuntan anexos los cuales aportan información complementaria en las comunicaciones entre las áreas militares u otras dependencias. Realizamos una exhaustiva búsqueda tratando de ubicar estos anexos en la colección transferida al AGN sin éxito. Y haciendo uso del Sistema de Solicitudes de Información (SISI) del IFAI cuestionamos al respecto a la dependencia castrense, lamentablemente los funcionarios actuales del Archivo Histórico Militar desconocen el paradero de los anexos ya que categóricamente pronunciaron la inexistencia de esta información.

CISEN (DOCUMENTO 2)

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) envió a las instalaciones del ex Palacio de Lecumberri, en febrero de 2002, el fondo documental perteneciente a la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la información de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) que se encontraban bajo su custodia desde 1947 hasta 1985.

El Acta entrega-recepción signada por el entonces director del CISEN, Eduardo Medina Mora y la directora del AGN Stella María González Cicero, contabilizaron 4223 cajas con un número aproximado de 58,302 (expedientes). Además se transfirieron de una serie de tarjetas, contabilizadas en aproximadamente 7 millones y que hacen posible la búsqueda de los documentos en sus expedientes, que no fueron especificadas en el  acta de entrega.

También el acta de recepción omite detalles sobre la descripción y el formato de la información resguardada en la Galería No. 1. Sólo señala la procedencia de ésta. Cabe mencionar que las autoridades actuales del AGN aseguran que existen miles de imágenes en diversos tamaños, no obstante descartan por completo que la colección incluyera audiocintas o vídeos.

Para corroborar lo dicho por las autoridades hemos solicitado al CISEN y al AGN un cotejo entre la información resguardada y lo que realmente se trasladó mediante el acta de entrega. Esto debido a las contradicciones en que ambas dependencias han incurrido pues el CISEN manifiesta haber remitido al AGN todo los documentos y el AGN ha respondido que no llegó información en formatos de audio y video.

Sobre su acceso, cuando se trate de un personaje, la vía corta es una solicitud electrónica a través del SISI, en su modalidad de Versión Pública (VP). En los documentos que el AGN entrega en esta modalidad se testan (se suprime con cintos negros) los datos personales del individuo en cuestión. Cuando se desee consultar sobre un tema en particular es decir algún grupo armado, institución, dependencia, etc., lo recomendable es visitar la Galería No. 1 del AGN. 

El AGN, desde 1998, ya tenía en resguardo un fondo documental perteneciente a la DGIPS, órgano que dependía de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) también extinta DFS reportaba a esta dependencia. Este fondo actualmente se  ubican en la Galería No. 2 del archivo y cuenta con 3052 cajas de información. En este fondo está totalmente abierto al público y fue trasladado al AGN en otro momento y circunstancias. En parte de esta colección es posible consultar cerca de 500 cajas con copia de informes de la DFS de 1969 a 1976.

Secretaría de Relaciones Exteriores (DOCUMENTO 3)

Esta dependencia da respuesta al acuerdo presidencial el 14 de enero de 2002.  Por parte de la Dirección General de Derechos Humanos de la SER, la Subsecretaría para Derechos Humanos y Democracia, Mariclaire Acosta, manifiesta:

“En cumplimiento del citado Acuerdo y después de haberlo conversado con el titular de la Unidad de Estudios Legislativos de la Secretaría de Gobernación, le transmito los citados expedientes en paquetes de 4 y 10 sobres cerrados, respectivamente, con el fin de que los mismos se integren al Archivo General de la Nación.”

Los citados paquetes no han sido posibles de localizar ni en la SER ni en el AGN, ignorándose pues el total de fojas, tipo de material y descripción de su contenido.

La Secretaría de Gobernación (DOCUMENTO 4)

El entonces Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, dio instrucciones a las Direcciones Generales a su cargo de enviar, a más tardar al 31 de enero de 2002, la documentación relativa al acuerdo presidencial.

Por su parte, el 16 de enero de 2002, Felipe de Jesús Preciado Coronado, Comisionado del Instituto Nacional de Migración informa: “…me permito transferir al Archivo General de la Nación un total de 15 expedientes originales pertenecientes al archivo de la Coordinación de Control y Verificación Migratoria y que contiene información presumiblemente relacionada con los hechos materia del citado Acuerdo Presidencial…”

Su lista no cuantifica el número de fojas o formato de la información, sólo precisa una breve descripción y algunas fechas. Por ello sabemos que la celda número 7 menciona un informe confidencial del año 1968 y la 13 refiere uno a los disturbios estudiantiles en el mes de julio en la Ciudad de México.

El comisionado finaliza comentando “… se carece de elementos para determinar cuales (expedientes) estarían vinculados con hechos del pasado relacionados con violaciones a los derechos humanos o probablemente constitutivos de delitos cometidos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos, por lo que desde luego, dicho acervo está a disposición de las instancias competentes que requieran consultarlo.”

A pesar de que este memorándum está dirigido a la entonces Directora Stella María González haciendo entrega del mismo, esta información no se encuentra disponible al público pues se desconoce su ubicación dentro del AGN.

Los que no acataron la disposición

Hubo direcciones generales dependientes de la SEGOB que no cumplieron el acuerdo argumentando no contar con expedientes que aportaran datos a las investigaciones. Por ejemplo, la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, informó lo siguiente el 22 de enero: “…esta Unidad Administrativa no cuenta con archivo documental de acuerdo a lo solicitado.”  El memorándum lo firma el Director General, Fernando Tovar y de Teresa. (DOCUMENTO 5)

La Dirección General de Asociaciones Religiosas, Dirección de Registro y Certificaciones refiere el titular, Guillermo Fuentes Maldonado, el 10 de enero de 2002: “Sobre el particular me permito informarle que en los archivos dependientes de la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, no existen expedientes, documentos e información general que pudiera ser considerado como relevante para la investigación de los hechos del pasado.”  (DOCUMENTO 6)

Entre las negativas que más afectaron el proceso de acopio sin duda fueron la hechas por el Estado Mayor Presidencial y la Procuraduría General de la República, pues estas dependencias fueron protagonistas de los hechos sus archivos en 1968 seguramente generaron pilas de información. Sus registros podrían resolver dudas que por años han dejado incompleta la verdad sobre su injerencia en el conflicto.

Además muchas otras como el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Telecomunicaciones y Transporte no realizaron búsquedas en sus archivos para contribuir con la recopilación de expedientes relacionados a las investigaciones del pasado ni tuvieron siquiera la intención de transferir documentación solicitada. No son creíbles los argumentos de estas secretarías que dicen carecer de documentos que pudieran ayudar a descifrar algunas de las incógnitas que por años sólo se han quedado en especulaciones y otras ni siquiera se tomaron la molestia de responder al acuerdo.

Es importante señalar que el decreto presidencial incluía sólo dependencias federales. Sin embargo, para garantizar el buen cumplimiento de esta medida se debió  incluir también dependencias del Gobierno del Distrito Federal, ya que en los registros del servicio forense, delegaciones, hospitales, corporaciones policíacas, departamento de limpia, panteones, etc. es posible obtener datos imprescindibles para la reconstrucción de los hechos. 

Intentos fallidos de justicia y esclarecimiento

El año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que las causas penales para resolver el caso del 2 de octubre de 1968 ya habían prescrito. Esta resolución prácticamente da por concluido el proceso judicial que se había iniciado en contra del ex presidente Luis Echeverría Álvarez por el delito de genocidio. Esto originó que se descalificara la actuación del ex fiscal Carrillo Prieto, ya que repetidamente se le señalaron las escasas probabilidades de enjuiciar al ex mandatario bajo el delito de genocidio, dejando en duda su capacidad de integrar correctamente la averiguación previa.

A 40 años de aquella noche en la Plaza de las Tres Culturas, el caso aparentemente cerrado continúa siendo objeto de controversia. La demanda de justicia para quienes el 2 de octubre de 1968 perdieron a un ser querido o que purgaron un condena por delitos que no habían cometido sigue vigente más que nunca a pesar del dictamen de la Corte.

Muchos pensaron que de no concluir el caso en una sentencia jurídica promovida por la OFEMOSPP, por lo menos sería posible que su titular determinara, a través de un “Libro Blanco”, una sanción histórica a los funcionarios que reprendieron ferozmente la manifestación estudiantil pacífica. La tarea de esclarecer los hechos del 2 de octubre de 1968 sigue pendiente, pues ni el “Informe a la Sociedad Mexicana 2006” que elaboró el Fiscal Carrillo, al término de sus funciones, ni el informe elaborado por sus colaboradores del área histórica, “Que jamás vuelva a suceder” dio cabal respuesta a la sociedad mexicana.

La verdad bajo resguardo.

Uno de los problemas que denunciaron los integrantes del Comité 68, conformado en 1998 por el Congreso de la Unión (LVII Legislatura), fue la magra voluntad de las autoridades federales de esclarecer los hechos del 2 de octubre. Su desinterés y nulo apoyo se reflejó en los resultados obtenidos. La intención del Comité fue frustrada cuando solicitaron acceso a los archivos de las dependencias federales, pues éste fue restringido en la mayoría de los casos. Sin la documentación generada por las administraciones de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez este trabajo no pasó de ser un mero anecdotario.

La OFEMOSPP tenía la ventaja del contar, previo a su creación, con un acuerdo que disponía otorgarle todas las facilidades para su indagación y aún así los resultados fueron cuestionados. ¿Qué sigue? ¿Una comisión de la verdad? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la información trasladada al AGN está incompleta y que la propia fiscalía dejó al final de sus funciones miles de documentos en la bóveda se seguridad del AGN, lugar a donde van a parar los documentos que por alguna razón de suma delicadeza tienen que ser sacados de sus colecciones de origen. Dichos documentos no pueden ser consultados por los ciudadanos. Peor aún, la Unidad de Coordinación de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la República, la cual atrajo los casos sin resolver, continúa con esta practica de secretismo.
 
Existe un catálogo de 350 expedientes en reserva, todos ellos pertenecientes a información que Agentes de Ministerio Público de la Federación (AMPF), colaboradores de la OFEMOSPP y ahora de la Unidad de Investigaciones Especiales sacaron de sus fondos documentales impidiendo que investigadores de DDHH, abogados, periodistas, académicos o estudiantes puedan consultarlos.

De acuerdo con el índice proveído por el AGN, la práctica de ocultamiento se inicio en 2003. En una primera etapa los resguardos fueron decisión de Ministerios Públicos adscritos a la OFEMOSPP, los fechados después de noviembre de 2006 fueron designados a la unidad especial. Cada página en resguardo fue seleccionada según el criterio de los agentes con el argumento de servir como evidencia fundamental de una determinada averiguación previa.

La lista completa puede ser consultada en la página electrónica del AGN, ya que es obligación de toda dependencia contar con un Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) el cual debe ser actualizado periódicamente. En el rubro XII del POT del AGN, refiere la Información Relevante del archivo y en esta pestaña está incorporado el Índice de Expedientes Reservados, es decir toda aquella información que haya sido etiquetada como reservada. (DOCUMENTO 7)

Un total de 9,294 fojas y 27 fotografías fueron separadas de sus expedientes, volúmenes y legajos originales; además de tres cajas íntegras. Si bien el índice de expedientes señala la fecha de resguardo, fundamento legal, periodo, número de fojas, dependencia donde se encuentra en reserva y el responsable de ésta.

La autoridad (PGR) que llevó a cabo el resguardo es una distinta del depositario (AGN). Debido a esto los datos no son suficientes para saber si dicha información en reserva fue destinada a una averiguación previa del caso 68 o a algún caso de desaparición forzada. Sólo sabemos que la documentación en resguardo se encuentra físicamente en el AGN.

Las 350 celdas, que describen los resguardos ejecutados por el Ministerio Público,  no especifican datos sobre el fondo documental al que pertenecen, el número de averiguación previa que motiva su resguardo, la clasificación del documento dentro de su acervo o la descripción del documento. 

Se entiende que algunos de los resguardos deben continuar bajo este esquema, pues las AP siguen su proceso de integración, sobre todo las que denuncian casos de desaparición forzada. Pero es indispensable que la PGR garantice a las víctimas y familiares que la documentación integrada a las AP es protegida, además debe ser integrada a los Índices de Expedientes Reservados de su POT con una descripción de cada página señalando a que averiguación pertenece de esa manera los denunciantes y representantes legales podrán llevar registro de los avances en sus casos pero mientras se buscan mecanismos para optimizar esto, la documentación sobre los disturbios de 1968 debe ser depositada inmediatamente en sus acervos originales y ponerla a disposición de público de nueva cuenta.

Con estas acciones nos queda claro que los pasos que se dieron en la administración de Vicente Fox, para esclarecer uno de los pasajes más obscuros de la historia reciente de México, fueron discretamente en retroceso. No obstante la reconstrucción de los acontecimientos en Tlatelolco que el decreto presidencial en 2001 preveía debe ser un reclamo que trascienda en cualquier administración federal.

El Estado Mexicano está obligado a garantizar el derecho a conocer la verdad sin importar el partido político en turno. Debe ordenar a las Secretarías de Estado, sobre todo aquellas que hicieron caso omiso en 2002, que continúen trasfiriendo al AGN la documentación que vayan identificando en sus archivos; que localicé la que se perdió o se traspapeló en el AGN, que decrete máxima publicidad a los documentos bajo resguardo y que ordene inmediatamente a la PGR integrar a sus expedientes originales la información relativa a los acontecimientos del 2 de octubre para su libre consulta.

Esta investigación concluye que la verdad sobre el conflicto estudiantil en 1968 estará lejos todavía si el gobierno en turno no tiene interés o voluntad en que se conozca. No hay explicaciones congruentes de por qué siguen en reserva cerca de 10.000 documentos, si el proceso en las instancias procuradoras de justicia ya finalizó; no las hay para el extravío de documentos y menos para el desacato en que incurrieron muchas dependencias.

 


DOCUMENTOS

DOCUMENTO 1
Enero 22, 2002
Acta de Transferencia de Documentación
9 páginas

El acta da cumplimiento al acuerdo presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2001, mediante el cual se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado.  Se resume la siguiente cifra: cajas 486, legajos 1,653 y un total de 150,713 hojas generadas en 36 Zonas Militares. El documento se encuentra firmado por la Dra. Stella María González Cicero, Directora General del Archivo General de la Nación y el Gral. De Div. DEM Roberto Miranda Sánchez, Director de la Dirección General del Archivo e Historia.

Fuente:
Secretaría de la Defensa Nacional

DOCUMENTO 2
Febrero 19, 2002
Acta Administrativa de Entrega-Recepción del Acervo Documental Transferido al Archivo General de la Nación
6 páginas

En cumplimiento al acuerdo presidencial del 27 de noviembre de 2002, la Secretaría de Gobernación transferiría al Archivo General de la Nación la totalidad de los archivos, expedientes, documentos e información en general que fueron generados por las extintas Dirección General de Seguridad y Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Dicha información actualmente se encuentran bajo custodia y conservación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional a efecto de que pueda ser consultada en los términos de dicho acuerdo. El Acta entrega-recepción fue signada por el entonces director del CISEN Eduardo Medina Mora Icaza y la directora del Archivo General de la Nación Dra. Stella María González Cicero contabilizaron 4223 cajas con un número aproximado de 58,302 (expedientes).

Fuente:
Archivo General de la Nación

DOCUMENTO 3
Enero 14, 2002
Memorándum Secretaría de Relaciones Exteriores
1 página

Para cumplimiento del Acuerdo, del 27 de noviembre de 2001, la Subsecretaria para Derechos Humanos y Democracia, Mariclaire Acosta, transfiere dos expedientes relacionados con violaciones, generados hasta 1985, mismos que pudieran ser relevantes para la investigación. Los citados expedientes son remitidos en paquetes de 4 y 10 sobres cerrados, respectivamente, con el fin de que los mismos se integren al Archivo General de la Nación.

Fuente:
Secretaría de Relaciones Exteriores

DOCUMENTO 4
Enero 16, 2002
Memorándum

Felipe de Jesús Preciado Coronado, Comisionado del Instituto Nacional de Migración informa: “…me permito transferir al Archivo General de la Nación un total de 15 expedientes originales pertenecientes al archivo de la Coordinación de Control y Verificación Migratoria y que contiene información presumiblemente relacionada con los hechos materia del citado Acuerdo Presidencial…”

El Comisionado concluye: “… se carece de elementos para determinar cuales (expedientes) estarían vinculados con hechos del pasado relacionados con violaciones a los derechos humanos o probablemente constitutivos de delitos cometidos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos, por lo que desde luego, dicho acervo está a disposición de las instancias competentes que requieran consultarlo.”

Fuente:
Archivo General de la Nación

DOCUMENTO 5
Enero 22, 2002
Memorándum

La Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, informó lo siguiente el 22 de enero: “…esta Unidad Administrativa no cuenta con archivo documental de acuerdo a lo solicitado.”  El memorándum lo firma el Director General, Fernando Tovar y de Teresa.

Fuente:
Archivo General de la Nación

DOCUMENTO 6
Enero 10, 2002
Memorándum

La Dirección General de Asociaciones Religiosas, Dirección de Registro y Certificaciones refiere el titular, Guillermo Fuentes Maldonado, el 10 de enero de 2002: “Sobre el particular me permito informarle que en los archivos dependientes de la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, no existen expedientes, documentos e información general que pudiera ser considerado como relevante para la investigación de los hechos del pasado.” 

Fuente:
Archivo General de la Nación

DOCUMENTO 7
De junio 26, 2003 a enero 29, 2007
Lista de resguardos POT-AGN

Esta lista describe la información que Agentes de Ministerio Público de la Federación (AMPF), colaboradores de la OFEMOSPP y ahora de la Unidad de Investigaciones Especiales sacaron de sus fondos documentales Un total de 9294 fojas y 27 fotografías fueron separadas de sus expedientes, volúmenes y legajos originales; además de tres cajas íntegras. El índice de expedientes señala la fecha de resguardo, fundamento legal, periodo, número de fojas, dependencia donde se encuentra en reserva y el responsable de ésta.

Fuente:
www.agn.gob.mx

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