La publicación de este informe es el resultado del esfuerzo de un equipo de personas y organizaciones a nivel mundial, quienes siguen trabajando juntos para desenmascarar la verdad acerca de las violaciones de derechos humano s en Honduras. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, está profundamente agradecido por el apoyo interdisciplinario que ha recibido en sus esfuerzos de desclasificación.

El Programa Paz y Cooperación Internacional de la Fundación "John D. and Catherine T. MacArthur" merece palabras especiales de agradecimiento, por el generoso financiamiento al Comisionado, para facilitar la investigaci&oa cute;n y la publicación de este informe. El financiamiento de la Fundación MacArthur, posibilitó al Comisionado, buscar, compilar y analizar la información en materia de derechos humanos disponible en los Estados Unidos; princi palmente documentos desclasificados del gobierno estadounidense.

El apoyo técnico proveído por el Programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), mejoró la capacidad del Comisionado para manejar cantidades masivas de i nformación sobre violaciones a los derechos humanos. El representante de la AAAS, Stephen A. Hansen, merece también palabras especiales de elogio por el diseño y la exitosa implementación de un sistema sofisticado de bases de d atos sobre textos completos.

De igual manera ha sido fundamental en nuestros esfuerzos de documentación la calurosa hospitalidad que el Archivo de Seguridad Nacional dió a la investigadora del Comisionado en los Estados Unidos. El Comisionado les agra dece a los analistas Kate Doyle, Peter Kornbluh y a todos los empleados del archivo por haber compartido su gran conocimiento en la búsqueda y análisis de los documentos desclasificados como fuente de información en materia de derecho s humanos.

La familia del Padre James Carney ha sido diligente al conducir su propia investigación de las circunstancias de la muerte de su familiar. La voluntad de compartir la información que ellos han recogido a lo largo de la d&e acute;cada pasada ha sido de mucha ayuda para nosotros.

Agradecemos también la cooperación en la investigación del ex-embajador Jack R. Binns, Alejandro Hernández, Adam Isacson, Latin American Working Group, el Padre Joseph E. Mulligan, CELS, SOA Watch, la Colecci ón de Paz de la Universidad de Swarthmore, Osiris Villalobos, Gwen Wilbur, Sally Hanlon y Paul Jeffrey.

Asimismo, agradecemos el trabajo y dedicación en la traducción y revisión de la versión en español de Xiomara Bú, Yovanny Argueta, Elia Ruth Velásquez y todo el personal del Comisionado N acional que apoyó la elaboración de este informe.

Estas palabras del Evangelio de San Juan, están grabadas en la entrada principal de la CIA, en las afueras de Washington, D.C. Es cierto que las libertades básicas humanas y el proceso de discernir la verdad están unidas. El conocimiento de la verdad es liberador.

El derecho a conocer la verdad es un derecho humano y un principio fundamental de la democracia. En una verdadera democracia, los ciudadanos conocen lo que su gobierno hace en su nombre, y pueden destituir autoridades electas y no elect as, responsables de actos de injusticia o abusos perpetrados.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, cree que encontrando la verdad y documentando los sucesos muchas veces trágicos del pasado reciente en Honduras, la democracia se fortalecerá. Cuando lo que h a estado escondido sea conocido; cuando lo que ha estado en la oscuridad es sacado a la luz; cuando las personas digan la verdad y actúen con valor; entonces podremos asegurar que los derechos humanos básicos de todos los hondureñ os serán respetados. La transformación de Honduras en una sociedad más democrática, se basa en la habilidad de su gente, en la voluntad y el espiritu para conocer y confrontar la terrible verdad con la herencia de violaciones a los derechos humanos.

Han transcurrido cuatro años desde que el Comisionado publicó "Los Hechos Hablan por sí Mismos", un informe preliminar sobre los abusos en materia de derechos humanos ocurridos en Honduras en la década de los ochenta. Desde la publicación de este informe, el Comisionado continuó documentando los abusos del pasado, apoyando a su vez los esfuerzos del Ministerio Público para seguir y sentenciar a los responsables. Las investigaciones del Comisionado de los Derechos Humanos aún están en marcha son complejas y multifacéticas. Buscar la verdad y decirla requiere diligencia, persistencia y perseverancia.

Este informe plantea particularmente las investigaciones del Comisionado en el esfuerzo crítico de obtener documentos, antes secretos, y ahora "desclasificados" de los Gobiernos de los Estados Unidos y Argentina como una fuente i mportante de información en materia de derechos humanos. Esta información, procedente de gobiernos extranjeros, se complementa con la que se obtenga en Honduras de los testimonios de los testigos, de los sobrevivientes de abusos, de detenido s ilegalmente y torturados, y de ex-militares hondureños.

El informe se divide en tres capítulos:

1. Una descripción de los esfuerzos para obtener información en materia de derechos humanos de los Gobiernos de los Estados Unidos y Argentina;

 2. Un análisis de alguna de la información que ya es de conocimiento público en el caso de la desaparición y obvia muerte del padre James Francis Carney;

3. Reflexiones sobre los esfuerzos para obtener información en materia de derechos humanos, y recomendaciones sobre los pasos a seguir en el futuro.

El Comisionado se compromete a sí mismo, en el momento en que el nuevo presidente Carlos Roberto Flores se prepara a asumir el poder, a seguir trabajando con otras autoridades del país en el proceso de documentación y revelación de la verdad, sobre el abuso a los derechos humanos cometidos tanto en el pasado como en el presente.

En "Búsqueda de la Verdad que se nos Oculta" es el segundo informe preliminar del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras. El informe plantea un derecho fundamental y elemental -el derecho a la verd ad. Trata un tema controversial y sensible- la desclasificación de documentación de gobiernos extranjeros que contienen información sobre abusos a los derechos humanos en Honduras en los años ochenta. Estos abusos incluyen la desaparición de más de 184 personas, entre ellos, la de un ciudadano estadounidense, el Padre James Francis Carney, conocido en Honduras como "Padre Guadalupe".

El Comisionado Nacional ó el Ombudsman de Derechos Humanos, es una institución constitucional hondureña, dirigida actualmente por el Dr. Leo Valladares Lanza, quien ha estado recopilando información tanto de las víctimas como de los perpetradores de los abusos a los derechos humanos que se cometieron durante los años ochenta. Para complementar sus investigaciones, en los últimos cuatro años ha buscado documentación en Ho nduras, así como en otros dos paises involucrados en este período como lo es Argentina, y, el más importante, los Estados Unidos; ambos paises estuvieron involucrados en los operativos de seguridad en Honduras durante la guerra de los "contras" en Nicaragua.

El Comisionado descubrió que los documentos gubernamentales fueron simplemente "desaparecidos" al igual que las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Honduras como en la mayoría de los paises latinoamerica nos, no cuenta con leyes específicas para conservar los archivos del Estado, ni disposiciones que regulen el proceso legal para conocer públicamente los documentos clasificados como secretos. Los hondureños desafortunadamente, no tene mos en este momento el derecho legal de acceder a la información interna sobre las actividades de las autoridades.

Los esfuerzos del Comisionado para encontrar documentos en su propio país relativos a los múltiples abusos del pasado han sido infructuosos. Después de una ardua investigación el Comisionado logró loca lizar en Tegucigalpa dichos archivos de inteligencia militar, sin embargo, se encontró con las gavetas vacías de los archivadores y la explicación que se le argumentó fue que por razones de espacio los documentos militares se q uemaban cada cinco años.

En vista de tal situación a las autoridades hondureñas no les quedó otro recurso que investigar dichas violaciones mediante solicitudes de información a los Gobiernos de los Estados Unidos y Argentina quienes colaboraron muy de cerca con los militares hondureños en los años ochenta.

Dado que agentes argentinos habían colaborado de cerca con el alto mando de Honduras, entrenando contras nicaragüenses en territorio hondureño a principios de la década de los ochenta, el Comisionado Val ladares solicitó formalmente la cooperación del Gobierno de Argentina, y viajó a Buenos Aires en octubre de 1996. Lamentablemente, el Gobierno de Argentina hasta ahora no ha proporcionado ningún documento que responda a la soli citud hondureña.

Los Estados Unidos, un país con el sistema más avanzado de conservación de archivos y la más completa legislación sobre libertad de información en el mundo, ofrecían mayores oportunidades y esperanzas que Argentina para desclasificar documentación sobre violaciones a los derechos humanos en Honduras. Por otra parte, durante la administración Reagan, la CIA, el Pentágono, y otras agencias de inteligencia de los Estados Unidos trabajaron estrechamente con los militares hondureños.

En junio de 1995, una serie de artículos en The Baltimore Sun revelaron la participación directa de la CIA en la creación y entrenamiento del Batallón 3-16 -la unidad militar hondureña a quien se le atribuye la mayor responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos en la década de los ochenta- asimismo los documentos revelaron que los Estados Unidos tenían conocimiento de estos abusos. La serie de artículos de The Sun generó varias investigaciones internas en la CIA, que motivaron la revisión de cientos de documentos importantes, y la elaboración de un informe al Inspector General de la CIA sobre la relación que existía entre la a gencia y los militares hondureños.

El Capítulo I de este informe describe los contínuos y exhaustivos esfuerzos del Comisionado para tener acceso a esta documentación claramente relevante. La administración del presidente Bill Clinton que prev iamente había autorizado la desclasificación de importantes documentos sobre El Salvador y Guatemala, prometió en varias cartas diplomáticas apoyar a las autoridades hondureñas. En diciembre de 1997, el presidente Clinto n dió su palabra al afirmar que documentos claves de la CIA serían entregados "antes de que termine el año".

Algunos documentos fueron desclasificados, el Departamento de Estado entregó más de 2,500 páginas de cables y memorandos que según indicaron los encargados, reflejaban una búsqueda completa en sus archivos; el Departamento de Defensa entregó 34 documentos, pero han reiterado que aún queda por buscar más información; la CIA entregó 36 documentos sobre el caso del Padre Carney y 94 documentos sobre los casos de cinco hondureños.

El proceso que se ha realizado para obtener documentos de los Estados Unidos ha sido extremadamente frustrante. Mucho se ha prometido y poco es lo que se ha cumplido. Por ejemplo la CIA, todavía no entrega el reciente informe a s u Inspector General y muchos de los documentos que han sido entregados a la fecha no se refieren a las solicitudes del Comisionado, ó, como en el caso de la CIA, están completamente tachados.

Por ello podemos decir que las páginas censuradas son una metáfora -no sólo las secciones tachadas de texto son negras, sino también las violaciones que quedan ocultas en ellas-.

El Gobierno de los Estados Unidos a veces en forma vacilante ha decidido ayudar al Comisionado, porque comprende que la transición a un régimen civil sólidamente establecido requiere del conocimiento de los hechos d el pasado. En la práctica estas investigaciones forman parte de un proceso más amplio de consolidación de la democracia que se está llevando a cabo en Honduras. Este proceso va acompañado de sueños y esperanzas, p ero el mismo se ha visto ensombrecido debido a que los hechos ocurridos en la década pasada aún están en la impunidad. En las conclusiones del informe preliminar sobre los desaparecidos, "Los Hechos Hablan por sí Mismos", publi cado en 1993, el Ombudsman hondureño expresó al respecto que: "Es necesario conocer la verdad y hacer justicia. Sólo después de conocer la verdad es posible el perdón y la reconciliación".

Es urgente que la verdad se revele para que este proceso pueda continuar. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha hecho ver esta urgencia a las autoridades de los Estados Unidos por lo que el informe que presentamos tiene como propósito reiterar la necesidad del apoyo de la administración Clinton para la desclasificación de documentación sobre violaciones a los derechos humanos en Honduras. A pesar de las demoras inexplicables, el Comisionado d e buena fe, sigue esperando y tiene muchas expectativas de que la entrega de los documentos se realice en un futuro muy próximo.

*** *** ***

Este informe está estructurado en tres capítulos, y varios anexos que contienen los textos completos de las solicitudes de desclasificación, la correspondencia diplomática, y una cronología de los esfu erzos que ha realizado el Comisionado durante cuatro años para obtener información en materia de derechos humanos de los Gobiernos de los Estados Unidos y Argentina.

El Capítulo I proporciona una introducción al proceso de desclasificación de los Estados Unidos e identifica el proceso legal y los resultados de varias solicitudes de la Ley sobre la Libertad de Información (FOIA) sobre Honduras presentadas por la familia del padre James Carney, The Baltimore Sun, y el ex-Embajador Jack R. Binns. También se explica en este capítulo las solicitudes de -gobierno a gobierno- para tener acceso a la documentaci&oacu te;n interna, y la información recibida hasta la fecha.

El Capítulo II es un análisis de la documentación obtenida en el caso del padre James Carney. Además los documentos narran el desarrollo de la "Operación Patuca" -un operativo militar hondureñ ;o para localizar y eliminar un grupo de insurgentes con quienes viajaba Carney en el momento de su desaparición-. De igual manera el capítulo revisa las múltiples versiones contenidas en los documentos y en otras evidencias sobre las circunstancias de la muerte del padre Carney.

El Capítulo III resume las reflexiones del Comisionado y formula las recomendaciones para continuar con el proceso de desclasificación, tanto por la institución, como por otras autoridades hondureñas.

El informe concluye con observaciones breves sobre la importancia de develar la verdad histórica de lo ocurrido, y de esa forma fortalecer la transición de la sociedad hondureña a una democracia plena y responsable de sus ciudadanos y ciudadanas.

Llevar a cabo una investigación sobre los abusos en materia de derechos humanos que tuvieron lugar en el pasado es como ir colocando o ensamblando las piezas de un gran rompecabezas. Ejemplo de lo anterior son los esfu erzos de investigación realizados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y otras autoridades de Honduras .

Un rompecabezas tiene muchas piezas, que deben ser colocadas y configuradas de tal manera que pueda ser resuelto. En materia de investigación sobre derechos humanos, la información debe ser recogida de una variedad de fuen tes, como los testimonios de los testigos oculares, documentos legales y exhumaciones con el propósito de colocar las piezas juntas, a fin de encontrar la verdad, sobre los sucesos que ocurrieron en el pasado.

Los documentos que el Gobierno de los Estados Unidos ha desclasificado y que son ahora accesibles públicamente, constituyen una fuente muy importante de información para los investigadores hondureños en materia de d erechos humanos. Estos, a su vez, pueden ayudar a proveer unas pocas piezas del gran rompecabezas en casos históricos de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, los documentos por sí solos, no pueden dar un cuadro completo acerca de los crímenes que fueron cometidos.

El Gobierno de los Estados Unidos es muy meticuloso en el registro y cuidado de sus archivos; posee claras regulaciones, las cuales guían la información de cómo debe ser documentada, cómo ésta debe ser protegida y si puede estar disponible o no al público.

Durante la década de los ochenta, la presencia de los Estados Unidos en Honduras, como en el resto de los paises de Centro América fue significativa. El mundo puede estar seguro que cuando los Estados Unidos percibí an que sus intereses estaban en juego, reunían y sistematizaban gran cantidad de información. Muestra de lo anterior son los archivos en los siguientes casos :

• Las audiencias del Congreso de los Estados Unidos sobre Iran-Contra;

• La Comisión de la Verdad en El Salvador;

• La Junta Inspectora de Inteligencia, nombrada por el presidente de los Estados Unidos, en las investigaciones sobre Guatemala;

estos casos nos proporcionan una idea del tipo y ámbito de la información que era recogida rutinariamente por los Estados Unidos.

No cabe duda que los archivos del Gobierno de los Estados Unidos contienen una amplia información sobre Honduras, y que alguna de ella podría ser de extrema ayuda para los investigadores de derechos humanos.

En el transcurso de los años, varias peticiones de desclasificación han sido sometidas al Gobierno de los Estados Unidos, para obtener información sobre violaciones a los derechos humanos en Honduras. Estas solicitu des de desclasificación caen dentro de dos amplias categorías:

a) Las que se acogen bajo la Ley sobre la Libertad de Información (The Freedom of Information Act-FOIA) y,

b) Las solicitudes que se hacen de gobierno a gobierno .

Este capítulo describe en detalle el proceso de desclasificación para cada tipo de solicitud que a la fecha han sido presentadas.

La Ley sobre la Libertad de Información (FOIA), fue decretada en 1966 por el Congreso de los Estados Unidos y entró en vigencia en 1967. En ella se establece por primera vez una declaración de derechos pa ra que "cualquier persona" pueda acceder a los archivos de las agencias federales del Gobierno de los Estados Unidos. El establecimiento de la Ley FOIA tiende a controlar la secretividad gubernamental, mediante el establecimiento de los requerimientos en materia de información al público.

La premisa subrayada por la Ley sobre la Libertad de Información (FOIA), consiste en que todos los archivos de las autoridades federales, deben ser accesibles a todo el público a menos que se haya establecido previamente u na excepción específica. La sección 552 (b), de dicha ley, enumera nueve excepciones, que permiten a las agencias del Gobierno de los Estados Unidos negar el acceso a los documentos o archivos, atendiendo a las regulaciones establecid as. Estas excepciones aparecen en el Anexo D de este informe.

Desde su promulgación, la Ley FOIA ha sido enmendada tres veces. Las enmiendas hechas tenían como objetivo principal cuestiones de orden administrativo y en el ámbito de las excepciones de dicha ley. Se estableciero n plazos administrativos dentro de los cuales el peticionario tiene que proceder y el tiempo en que las peticiones tienen que ser procesadas, caso contrario el solicitante puede demandar. Las agencias cobrarán solamente los costos reales de la b&ua cute;squeda y la copia de documentos y en ciertos casos no cobrarán. Se estableció el principio de la parte separable, que consiste en que siempre que alguna parte del material esté dentro de las excepciones era protegido; el resto de l material tiene que ser entregado.

Esta ley incluyó varios requisitos sobre las denegaciones por parte de las autoridades con la intención de facilitar apelaciones. Los peticionarios que se acogen a la Ley FOIA, tienen que agotar sus recursos administrativo s antes de demandar y obtener la información por esta vía.

A la fecha tres solicitudes dentro del marco de la Ley FOIA han proporcionado información sobre violaciones a los derechos humanos en Honduras:

Examinamos a continuación en forma detallada el proceso de desclasificación para cada una de estas solicitudes:

Desde la desaparición del padre James Francis Carney, conocido también como "Padre Guadalupe", ocurrida en septiembre de 1983, su familia ha persistido en sus esfuerzos para determinar su destino.

Virginia Carney Smith, poco tiempo después de darse cuenta que su hermano había desaparecido, envió en octubre de 1983, una carta manuscrita al Gobierno de los Estados Unidos solicitando información sobre el caso.

Los cables desclasificados del Departamento de Estado y la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa indican que la solicitud fue recibida. A esta solicitud le fue asignada bajo la Ley sobre la Libertad de Información (FOIA), la identificación 83030361. Sin embargo, la señora Smith no obtuvo ninguna respuesta del Gobierno de los Estados Unidos en relación a su solicitud, y ningún documento le fue entregado.

Dada la falta de interés y carencia de sensibilidad por parte del Gobierno de los Estados Unidos, el 25 de agosto de 1984, miembros de la familia Carney (Maureen Frances Carney, Virginia Carney Smith, Eileen Carney Connolly, John Patrick Carney, y W. Joseph Connolly), elevaron su solicitud vía Ley FOIA a través de su abogado, Peter A. Schey, a las siguientes agencias o autoridades:

• Agencia Central de Inteligencia (CIA)

• Departamento de Estado (DOS)

• Departamento de Justicia-Oficina de Política Legal (DOJ/OLP)

• Oficina Federal de Investigación (FBI)

• Departamento del Ejército (ARMY)

• Departamento de la Naval (NAVY)

• Departamento de la Fuerza Aérea (AIR FORCE)

• Agencia de Seguridad Nacional (NSA)

• Departamento de Defensa (DOD)

• Agencia de Defensa de Inteligencia (DIA)

A esta solicitud, de acuerdo a las regulaciones establecidas en la Ley sobre la Libertad de Información (FOIA), le fue asignada el número de identificación 840322. La familia Carney en respuesta a su solicitud recib ió algunos documentos, cuyo contenido son descritos con mayor detalle en el Capítulo II.

Sin embargo, la entrega de más de 300 documentos fue denegada, en su totalidad o en parte, por varias agencias de los Estados Unidos, argumentando e invocando las excepciones que la Ley FOIA establecía por razones de segur idad nacional y política exterior.

De todas las agencias del Gobierno de los Estados Unidos, la CIA fue la que menos colaboró en relación a la petición hecha por la familia Carney. En respuesta a la solicitud de desclasificar documentos que indicaran :

De los documentos ofrecidos que llegaron a conocerse durante la revisión de la CIA, 118 no fueron entregados y 14 eran fragmentos bajo las excepciones establecidas por la Ley FOIA. La liberación de información de la CIA contenida en un documento del FBI, también fue denegada.

Bajo los términos de la Ley FOIA, la familia Carney continuó buscando la liberación de documentos que no le fueron entregados. Para lograr este objetivo, su abogado procedió a interponer las apelaciones admin istrativas a las diferentes agencias, argumentando que la información había sido inapropiadamente excluída. En estas apelaciones la familia Carney solicitó los índices de Vaughn que contienen una lista detallada de los d ocumentos excluídos en relación a las excepciones a que pueden recurrir o argumentar las agencias del Gobierno de los Estados Unidos.

Las apelaciones de la familia a la CIA, DOJ-OLP, NSA, DIA y NAVY fueron rechazadas de plano. Las apelaciones a DOS y ARMY produjeron la entrega de información adicional, en algunos casos documentos completos fueron entregados, y en otros solamente fragmentos. Sin embargo, las apelaciones proporcionaron muy poca información sustancial.

A estas alturas, todas las posibilidades administrativas para la solicitud vía FOIA de la familia Carney habían sido agotadas, sin obtener resultados satisfactorios. El 4 de Febrero de 1988, amparándose en las leyes de Privacidad y la Libertad de Información (FOIA), la familia del religioso interpuso un recurso de "injunctive relief". Con el cual se buscaba:

Todas las agencias enlistadas fueron demandadas. La demanda fue llevada a la Corte del Distrito Federal, en el Distrito Central de California, en Los Angeles. (No. CV 88-0602-MRPT). El caso fue asignado a la honorable jueza de la Corte Distrital de los Estados Unidos, Mariana R. Pfaelzer. En el transcurso de los procedimientos, los solicitantes dejaron sin lugar la demanda contra la NAVY, AIR FORCE, NSA, OLP y DOD.

En respuesta a la demanda, la CIA invocó tres excepciones al respecto de:

• Seguridad Nacional;

• Reglas internas de la agencia; y

• Los memorandos inter e intra agencias

Para los 53 documentos, que ellos no entregaban y estaban en disputa. ( Anexo D contienen las excepciones de la Ley sobre la Libertad de Información (FOIA). La CIA también interpuso una apelación de "Summa ry Judgment", en la que aducía que la familia Carney, no había suministrado pruebas de peso que fundamentaran claramente la acusación de retención inapropiada de documentos por parte de la CIA.

La familia (los demandantes), en respuesta a la posición de la CIA (la demandada), sometieron dos apelaciones ante la Jueza Venetta S. Tossopulos:

El 28 de febrero de 1991, la Magistrada Venetta S. Tassopulos, concluyó que "ahí no existen bases para acceder a la solicitud sobre los documentos no entregados". Además, ella encontró "que el demandado ha es tablecido adecuadamente que la información retenida está excluída según la Ley FOIA".3 Recomendó que se admitiera la apelación de la CIA para la etapa sumarial del juicio, fallando en contra de la familia Carney.< /P>

A pesar de las diligencias que durante muchos años efecturaron los familiares del Padre Carney, las agencias del Gobierno de los Estados Unidos, desde un inicio, tomaron la decisión de que el caso ya estaba cerrado. Una no ta manuscrita sobre una conversación telefónica del 19 de agosto de 1985 señala que: "el caso del Padre Carney fue transferido hace 6 meses a POL (oficial político de la embajada). El caso está cerrado. Esta oficina n o quiere que el caso se mantenga abierto… nosotros no le estamos diciendo ésto a la familia"4.

Es admirable la persistencia de la familia Carney en su búsqueda por encontrar la verdad que se les oculta.

El editor del diario estadounidense The Baltimore Sun, John Carroll se intrigó por un cable noticioso en relación a "Los Hechos Hablan por Si Mismos", un informe preliminar sobre las desapariciones forzad as en Honduras, publicado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de ese país. El editor asignó a los reporteros Gary Cohn y Ginger Thompson para investigar la información. Ellos siguieron la pista de la historia por 14 me ses, un compromiso inusual para un periódico estadounidense.

The Baltimore Sun publicó en junio de 1995, una serie de cuatro reportajes investigativos, que ganaron varios premios. En el trabajo periodístico se reportaron los hallazgos, no solo sobre el conocimiento, sino tambi&e acute;n sobre la complicidad de los Estados Unidos en las violaciones de los derechos humanos en Honduras.

Como parte de sus esfuerzos por conseguir información para dicha serie el 26 de mayo de 1994, The Baltimore Sun solicitó información en el marco de la Ley FOIA. La solicitud de The Sun cubrió el período de 1979 hasta abril de 1994, e incluía:

De manera específica solicitó toda la información referente al caso de Inés Consuelo Murillo (desaparecida temporal), y de las actividades del General Gustavo Alvarez Martínez y el mayor Ricardo Z&uacu te;niga Morazán. La solicitud también buscaba "todos los documentos e información requerida por el Dr. Valladares".5

Pasó casi un año y ningún documento fue entregado en respuesta a la petición de The Baltimore Sun, en relación a su solicitud vía Ley FOIA. El diario perdió la paciencia y contrat& oacute; a la firma de abogados Baker y Hostetler, y amenazó con demandar a la CIA para obtener los documentos. Al día siguiente, un paquete de catorce documentos desclasificados fue enviado al periódico.

Transcurrió el tiempo y el 24 de enero de 1997, la CIA en respuesta a la solicitud envió dos manuales de entrenamiento:

• Manual de Interrogación de Contrainteligencia Kubark (1963)

• Manual de Explotación de Recursos Humanos (1983)

El ex-embajador de los Estados Unidos, Jack R. Binns sirvió en Honduras durante el período comprendido del 10 de octubre de 1980 al 31 de octubre de 1981. Retirado ahora del servicio exterior está escribi endo sus memorias. Para asegurarse de la exactitud de ellas, Binns quiso revisar los documentos clasificados y no clasificados que habían pasado por la embajada durante su gestión.

Binns envió una carta solicitando información al Departamento de Estado, el 12 de agosto de 1995. Posteriormente conoció de la disposición del presidente sobre la revisión contemplada en la Ley FOIA, q ue le permitía como ex-nombrado presidencial y embajador gozar de una dispensa especial que consistía en acceder a los documentos del gobierno del tiempo en el que había prestado sus servicios. Binns hizo uso de dicha reserva y el Dep artamento de Estado le permitió leer y tomar notas en forma limitada de los documentos clasificados del período en que se desempeñó como embajador. Después de examinar los documentos el 27 de octubre de 1995, Binns remit ió una solicitud, vía FOIA, al Departamento de Estado, la que enfocaba exclusivamente su tiempo en Honduras. (Anexo A, texto completo de la solicitud).

La solicitud de Binns en el marco de la Ley FOIA, (No. de Control 9600652) fue tramitada en forma preferencial en relación al status como ex-nombrado presidencial. El 22 de agosto de 1996, recibió una respuesta formal a su solicitud. Esta vez el Departamento de Estado entregó varios documentos a Binns, la mayoría de los cuales fueron cables que habían sido intercambiados entre la Embajada de Tegucigalpa y la Oficina Central de Washington, D.C. Apesar d e que los cables cubrían un ámbito grande de temas, la información valiosa sobre violaciones a los derechos humanos fue suprimida.

Al mismo tiempo, a Binns se le informó que algunos documentos fueron retenidos parcial o totalmente y que otros requerían de una coordinación interagencial antes de tomar una decisión de si estos documentos p odían ser entregados o no. Hubo poca claridad en relación a que documentos se referían y cuantos eran.

Por esta razón y para poder apelar, el 27 de agosto de 1996, Binns solicitó un listado de los documentos que no le habían sido entregados, de acuerdo a las disposiciones de orden ejecutivo No. 12958. ( Anexo D, para explicación de excepciones de la Ley sobre la Libertad de Información (FOIA). Cuando la oficina encargada de hacer cumplir la Ley FOIA informó a Binns que una "política" les impedía a ellos proporci onarle tal lista, él consideró dicha excusa "muy extraña o más bien completamente absurda".6

En la consiguiente apelación que data del 11 de octubre de 1996, Binns alegó que:

Dada esta situación, Binns remitió veinticuatro páginas a un solo espacio enumerando en orden y poniendo el título a cada cable que había sido retenido, así como una descripción inferida sobre el contenido y el argumento de porqué cada uno de dichos documentos debería ser liberado. La especificidad de esta solicitud de apelación era verdaderamente impresionante.

La solicitud del embajador Binns para escribir sus memorias fue exitosa. El panel de revisión de solicitudes hizo su decisión y documentos previamente retenidos le fueron entregados.

De acuerdo a las regulaciones, la Ley FOIA establece que "cualquier persona" puede presentar una solicitud para la desclasificación de información al Gobierno de los Estados Unidos. "Cualquier persona" ha sido interpretada por los tribunales de los Estados Unidos (Stone contra Export-Import Bank de los Estados Unidos, 1977 y 1978) como cualquier ciudadano extranjero, gobiernos extranjeros y corporaciones; por ende, el Gobierno de Honduras o un ciud adano hondureño puede presentar una solicitud FOIA.

Las autoridades hondureñas sopesaron cuidadosamente la opción de presentar una solicitud FOIA, y decidieron no hacerlo, por considerar las restricciones en materia de tiempo; ya que estas solicitudes son tramitadas de acue rdo al orden de llegada. Dada la tremenda cantidad de solicitudes pendientes significaba para cualquiera esperar varios años antes de obtener una respuesta.

Los funcionarios hondureños necesitaban una respuesta más expedita que la que se podía obtener vía FOIA. El tiempo es esencial en estas investigaciones, y las autoridades de Honduras no querían esperar muchos años para obtener la información en materia de derechos humanos.

Existe un precedente para la pronta respuesta de los Estados Unidos, a las solicitudes de gobierno a gobierno, pues tales solicitudes son manejadas más expeditamente y con mayor rapidez que las solicitudes acogidas a travé s de la Ley FOIA.

Dada la urgencia de obtener información para las investigaciones que se estaban realizando en materia de violaciones a los derechos humanos y para el enjuiciamiento de los violadores, las autoridades hondureñas, entre ella s el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público, optaron por presentar sus solicitudes de gobierno a gobierno, tanto a los Estados Unidos como a Argentina.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Dr. Leo Valladares, presentó una solicitud inicial para obtener información de los Estados Unidos, en materia de violaciones a los derechos humanos, e l 15 noviembre de 1993, como apoyo a la preparación de "Los hechos hablan por sí mismos", un informe preliminar sobre la desaparición forzada de personas en Honduras. La respuesta del Gobierno de los Estados Unidos fue positiva. En un a carta recibida por el Senador Claiborne Pell, el Presidente Bill Clinton señaló que:

Al Comisionado se le exigió que debía precisar más su solicitud.

El 21 de diciembre de 1993, el Dr. Valladares presentó su segunda petición, precisando aún más lo solicitado al Gobierno de los Estados Unidos. Valladares dio al entonces embajador de los Estados Unidos, Will iam Pryce, una carta a la que incorporó "una lista de preguntas sobre tópicos acerca de los cuales se requería información del Gobierno de los Estados Unidos". Esta lista incluyó preguntas sobre temas generales, as&iacut e; como sobre casos específicos de violación a los derechos humanos. De nuevo la administración Clinton expresó su voluntad de cooperar, pero le respondió que la lista de solicitudes era todavía demasiado amplia.< /P>

Valladares presentó una tercera solicitud de desclasificación sumamente abreviada al Embajador Pryce, el 1 de agosto de 1995. La información a solicitar recayó sobre:

a) Seis casos de violaciones a los derechos humanos,

b) Información sobre el General Gustavo Alvarez Martínez

c) Información sobre el Batallón 3-16.

Esta solicitud fue dirigida a seis agencias del Gobierno de los Estados Unidos:

• Agencia Central de Inteligencia

• Departamento de Defensa

• Agencia de Defensa de Inteligencia

• Ejército de los Estados Unidos

• Consejo de Seguridad Nacional

• Departamento de Estado

El texto de esta solicitud está contenido en el Anexo A de este informe.

Las solicitudes de desclasificación de gobierno a gobierno fueron también presentadas en junio de 1995, por las autoridades del Ministerio Público de Honduras.

El 13 de junio de ese mismo año el Fiscal General, Angel Edmundo Orellana Mercado, escribió una carta al embajador Pryce, notificándole que los investigadores de derechos humanos de Honduras estaban dando prioridad al caso de la desaparición forzada del Padre James Carney. Solicitó formalmente al Departamento de Estado y a otras agencias del gobierno estadounidense la información concerniente a ese caso. (Anexo A, para el texto de esta ca rta).

Dos días después, Sonia Marlina Dubón de Flores, entonces Fiscal Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público en Honduras, envío al Embajador Pryce una solicitud detallada de 19 puntos resumidos en:

• El involucramiento de la CIA en Honduras

• El Batallón 3-16

• El Departamento de Investigaciones Especiales

• Operativos específicos de la Policía Militar

• Actividades de inteligencia y contra inteligencia de varios ciudadanos hondureños.

También solicitó información sobre los casos de desaparición de:

• Miguel Francisco Carías

• Padre James Francis Carney

• Roger Samuel González y

• Nelson Mackay Chavarría.

( Anexo A, para el texto de esta solicitud).

La administración Clinton inició sus pasos en el proceso de dar respuesta a las tres solicitudes de gobierno a gobierno presentadas por Honduras al nombrar a John Hamilton, Asistente Adjunto del Departamento de Estado para Asuntos Interamericanos, para coordinar con otras agencias estadounidenses la desclasificación en materia de derechos humanos sobre Honduras. Hamilton constituyó un grupo de trabajo con representantes de las distintas agencias pa ra trabajar sobre la desclasificación de documentos; adicionalmente la CIA, formó su propio grupo de trabajo.

Desde la presentación de las solicitudes, el Comisionado de los Derechos Humanos, ha estado en comunicación permanente con representantes del Gobierno de los Estados Unidos. Reiteradamente ha preguntado sobre los avances d e la desclasificación, urgiendo que se acelere y se le entreguen en forma expedita los documentos.

El Dr. Valladares, ha realizado cinco viajes a Washington para discutir cara a cara con los asesores presidenciales, oficiales de las agencias y miembros del Congreso los avances del proceso de desclasificación. Dichos esfuerzos están documentados en la cronología que se encuentra en el Anexo B de este informe.

El Gobierno de los Estados Unidos ha prometido reiteradamente que las solicitudes de gobierno a gobierno son tratadas seriamente y que se entregarán más documentos sobre violaciones a los derechos humanos "muy pronto".< /P>

Sin embargo, los hechos son más elocuentes que las palabras, la respuesta ha sido terriblemente lenta, la cantidad de información sustantiva y relevante en materia de violaciones a los derechos humanos recibida por el Comisionado es escasa, situación que es totalmente decepcionante. Las promesas del Gobierno de los Estados Unidos de cooperar y hacer expedita la desclasificación de información realmente útil, son palabras vacías.

¿Qué información solicitada de gobierno a gobierno ha sido proporcionada hasta la fecha? La respuesta de cada agencia es analizada a continuación.

De todas las agencias del Gobierno de los Estados Unidos, la que "más información" ha proporcionado es el Departamento de Estado (DOS), quienes han entregado tres paquetes por separado de documentos descl asificados a las autoridades hondureñas.

El primer paquete con seis documentos, fue entregado al Comisionado Valladares, el 15 de setiembre de 1995, por el Señor Hamilton, pero ésto no significa mucho ya que al valorar la información recibida muchos de los documentos ya eran del dominio público o contenían muy poca información sobre violación a los derechos humanos de la solicitada en la petición de gobierno a gobierno. Los documentos fueron entregados previamente a Th e Baltimore Sun y a la familia del Padre James Carney en respuesta a su solicitud vía Ley FOIA.

En febrero de 1996, fue entregado el segundo paquete que contenía cerca de 600 páginas relacionadas únicamente con el caso del Padre James Carney. Nuevamente estos materiales ya habían sido entregados a la fa milia Carney en respuesta a su solicitud vía Ley FOIA. Los documentos consistían en su mayoría en cables que habían sido intercambiados entre la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa y los oficiales del Departamento de Estado en Washington, D.C.

El tercer juego de documentos fue entregado el 25 de septiembre de 1996, contenía 2,033 páginas. De nuevo, los documentos fueron en su mayoría cables. Esta documentación trataba un amplio margen de temas o as untos que tenían relación con el Gobierno de Honduras (campañas electorales, corrupción relacionada al manejo de los fondos de proyectos de AID, la deserción del coronel Leonidas Torres Arias, etc).

El Departamento de Estado, señaló que ya había entregado todos los documentos que tenían los cuales respondían a la solicitud de gobierno a gobierno hecha por Honduras; aunque los documentos que el Dep artamento de Estado (DOS), entregó los que hacen mención sobre el General Alvarez, o de los seis casos de desclasificación que el Comisionado solicitó, en realidad los mismos contienen muy poca información en materia de derechos humanos que den respuesta a los asuntos específicos de dicha solicitud.

Los documentos del Departamento de Estado (DOS) proveen pocas pistas, pero ayudan a comprender el contexto en que se desarrollaron las violaciones a los derechos humanos en Honduras. Su utilidad es limitada. Por ejemplo, en el caso de l os documentos sobre el General Alvarez Martínez, es interesante conocer lo que él les dijo a las delegaciones del Congreso de los Estados Unidos que visitaban Honduras, o en sus conferencias de prensa. Estos son antecedentes sin importancia que no suministran la ayuda esperada en lo relacionado al involucramiento del mismo General en los casos de violación a derechos humanos, sus conexiones con el Escuadrón de la Muerte, Batallón 3-16, ni sus relaciones con las Fuerzas A rmadas de Argentina. En síntesis la información suministrada no es relevante.

De todas las agencias del Gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Defensa ha sido el que menos información ha proporcionado en respuesta a las solicitudes de desclasificación presentadas por las autor idades hondureñas. Un total de 34 documentos fuertemente tachados ocultando aproximadamente la mitad del texto, fueron entregados al Comisionado el 13 de marzo de 1997.

Después de recibir la documentación las autoridades hondureñas, quedaron con la duda de si éste era todo el material que entregaría el Departamento de Defensa. Por eso el 10 de junio de 1997, el Dr. Va lladares envió una carta a la Secretaria Adjunta Asistente de Defensa para Asuntos Interamericanos, María C. Fernández-Greczmiel para aclarar la duda anteriormente expuesta. En su carta el Dr. Valladares planteó:

El 18 de junio de 1997, Fernández-Greczmiel le envió su respuesta al Dr. Valladares, manifestando lo siguiente:

El Dr. Valladares, fue informado que algunos documentos del Ejército de los Estados Unidos y del Consejo de Seguridad Nacional serían procesados desde el Pentágono. Ningún documento de estas entidades ha sido entregado. Aclaramos que podemos estar equivocados en este juicio, porque algunos de los documentos entregados por el Pentágono están tan tachados que es difícil reconocer su procedencia.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA), ha entregado dos paquetes de documentos a las autoridades hondureñas. El primero constaba de 36 documentos (124 páginas relacionadas con el caso Carney), más un " Resumen de documentos de la CIA - sobre el Padre Carney". La entrega se realizó el 13 de marzo de 1997.

El 29 de agosto de 1997 la CIA entregó un segundo paquete conteniendo 94 documentos (313 páginas), que daban cuenta de los cinco casos restantes contemplados en la solicitud del Comisionado. Estos documentos están e xcesivamente tachados de manera que ocultan la información, pues enfatizan más sobre la organización y actividades de grupos izquierdistas en Honduras que sobre los secuestros, detenciones ilegales, torturas y asesinatos extrajudicial es que fueron perpetrados por las autoridades hondureñas para reprimirlos; asuntos donde urge tener más información.

A pesar de las fechas tentativas que el Presidente Clinton estableció para la entrega de información, la CIA ha retrasado la entrega de estos documentos en materia de abusos a los derechos humanos a las autoridades hondure ñas.

El 13 de junio de 1997 en una carta dirigida a 51 miembros del Congreso de los Estados Unidos, Clinton escribió que:

En diciembre de 1997, Clinton escribió otra carta indicando que la entrega de este material se llevaría a cabo "antes de que termine el año".

Pese a estas promesas presidenciales la CIA aún está retrasando la entrega de información relacionada a las violaciones de derechos humanos en Honduras. Muestra de ello, es que los plazos han transcurrido sin ofrece r, hasta le fecha, ni por deferencia ninguna explicación a las autoridades hondureñas.

Además de las solicitudes de gobierno a gobierno dirigidas a los Estados Unidos, las autoridades hondureñas solicitaron información en materia de violaciones a los derechos humanos, al Gobierno de Argenti na. La razón de esta solicitud obedecía a que Argentina estuvo involucrada en operativos militares y de entrenamiento dentro del territorio hondureño, durante el período en cuestión.

El Comisionado informó a los medios de comunicación sobre la necesidad de desclasificar documentos en Argentina que mostraran el vínculo entre los Estados Unidos y los gobiernos militares de ese país, en oper aciones encubiertas y de anti-insurgencia en Centro América.

En ocasión de la visita a Honduras del Presidente Carlos Saúl Menem, en mayo de 1996, él expresó su voluntad de desclasificar los documentos que estuvieran en poder del Gobierno de Argentina, relacionados con violaciones a los derechos humanos en Honduras, particularmente sobre la terrible práctica de la desaparición forzada de personas.

Valladares Lanza, a través de una carta, oficializó su solicitud a Menem, el 2 de septiembre de 1996, en la cual el Comisionado solicitó al presidente de Argentina lo siguiente:

La carta enviada por el Dr. Leo Valladares al Presidente Menem comprendía los siguientes aspectos:

No habiendo respuesta de las autoridades de Argentina, a mediados de octubre de 1996, el Dr. Valladares viajó a Buenos Aires para entrevistarse con funcionarios argentinos y conocer el estado actual de su solicitud. La Sub Secret aria de Derechos Humanos del Gobierno de Argentina, Alicia Pierini, le dijo que no existían documentos oficiales acerca de las operaciones militares represivas que ocurrieron en Honduras en el pasado. Pierini enfatizó que:

Afortunadamente el Dr. Leo Valladares no regresó con las manos vacías, durante dicha visita él recogió un pequeño paquete de documentos y fotografías, la mayoría relacionadas con las acti vidades de Rafael López Fader con la "contra nicaragüense" en Honduras. López Fader había sido acusado de participar en el secuestro y extorsión de Oswaldo Fabio Sivak en Argentina. López Fader en su d efensa, argumentó que era imposible que él hubiese cometido el alegado crimen porque en el tiempo que ocurrió, él se encontraba en Honduras en una misión secreta.

López Fader, declaró que mientras operaba como un agente secreto del Ejército de Argentina en Honduras, él utilizó el seudónimo de Raúl Enrique Martínez. Aunque estos hechos im plican el involucramiento argentino en misiones secretas en Honduras, puede ser ésta una práctica que probablemente fue muy documentada, pese a ello hasta la fecha no se ha recibido información.

La desaparición forzada de una persona es un crimen terrible. El destino de la persona desaparecida, está cubierto para siempre por el misterio. Los seres queridos rezan, están angustiados y temen lo peor. Deben sop ortar la pena de la pérdida y la incertidumbre; no existen restos mortales para darles sepultura. En Honduras, 184 casos de desapariciones fueron documentados por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Entre ellos escogimos un caso ilustr ativo, el del sacerdote estadounidense, James Francis Carney; sobre el cual el Gobierno de los Estados Unidos, ha desclasificado más información que sobre cualquier otro.

Esto se debe a una combinación de varios factores importantes, entre ellos el hecho de que el Padre Carney es el único ciudadano estadounidense entre los desaparecidos. Amado por muchos campesinos y trabajadores, y odiado por algunos de los más poderosos hombres de Honduras, el Padre Carney fue una figura pública, de valor en el país por casi dos décadas. Desde 1983, han sido realizadas por sus familiares y colegas Jesuítas, numerosas ini ciativas ante los Gobiernos de Honduras y Estados Unidos, quienes han buscado saber el destino del Padre Carney logrando mantener el caso con alto perfil.

El material desclasificado en relación al Padre Carney examinado en este capítulo, nos ilustra sobre el tipo de información contenida en los documentos y archivos del Gobierno de los Estados Unidos, informació ;n que es de interés para los investigadores de violaciones a los derechos humanos en Honduras. También, se identifica información oculta y se levantan en razón de los documentos desclasificados preguntas que aún est&aac ute;n sin respuesta. En el Capítulo III se hacen recomendaciones de como proceder en este caso con las investigaciones.

James Francis Carney, nació en Chicago, Illinois, el 28 de octubre de 1924. De 1943 a 1946 se alistó en el ejército de los Estados Unidos y sirvió en Francia e Inglaterra. Después de la Segu nda Guerra Mundial regresó a los Estados Unidos, donde, en 1948, entró al noviciado Jesuíta en Floriosant, Missouri.

Ordenado sacerdote en 1961 , fue asignado a una misión Jesuíta en Honduras, en la que sirvió por espacio de casi veinte años. El Padre Carney, "Padre Guadalupe", se naturalizó ciudadano hondure& ntilde;o en septiembre de 1974, renunciando a su ciudadanía estadounidense.

El 17 de noviembre de 1979, Carney fue expulsado de Honduras por el gobierno militar del General Policarpo Paz García. Un telegrama del Departamento de Estado de aquel período indica que Carney fue:

Poco tiempo después, en una nota diplomática del 24 de noviembre de 1979, el Gobierno de Honduras informó a la Embajada de los Estados Unidos que había sido revocada la ciudadanía hondureña al P adre Carney.

A pesar de las peticiones de la jerarquía oficial de la iglesia y de 25 mil firmas de personas, los intentos del Padre Carney para legalizar su retorno a Honduras fueron rechazados. Durante este tiempo fue asignado como sacerdote a la Parroquia de San Juan de Limay en la provincia de Estelí en Nicaragua.

En julio de 1983, al pasar la frontera de Nicaragua a Honduras, el Padre Carney renunció a la Compañía de Jesús y decidió acompañar como capellán a un pequeño grupo de guerrilleros del Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos (PRTC), dirigido por el doctor, José María Reyes Mata.

El Padre Carney desapareció a mediados del mes de septiembre de 1983. Se han divulgado múltiples versiones sobre su muerte que involucran seriamente a oficiales militares hondureños; así como la complicida d de personal estadounidense. Por ejemplo, Florencio Caballero, un ex-miembro del Batallón de Inteligencia Militar 3-16, testificó que soldados hondureños capturaron a Carney y a otros guerrilleros del PRTC en una operación militar denominada "Patuca". Carney fue llevado a una base de suministros de los contras nicaragüenses denominada "El Aguacate", donde fue interrogado. Posteriormente fue lanzado desde un helicóptero. Caballero reveló que durant e una reunión de planificación sobre la llamada "Operación Patuca", el Jefe de las Fuerzas Armadas, General Gustavo Alvarez Martínez dió las órdenes para desaparecer a Carney. Agregó en su mismo testimonio que personal estadounidense, incluyendo a un hombre a quien conoció solo como "Mr. Mike" estaba presente en aquella reunión donde Alvarez le ordenó al mismo hombre asesinar a Carney después de que lo interrogara.

El Gobierno de los Estados Unidos ha recibido solicitudes enmarcadas en la Ley sobre la Libertad de Información (FOIA), y de gobierno a gobierno para obtener información sobre violaciones de derechos humanos en relación al caso del Padre Carney.

La familia del Padre Carney, como parte de sus investigaciones sobre las circunstancias que rodearon su muerte, presentaron en octubre de 1983 y en agosto de 1984 solicitudes FOIA . Su hipótesis era que el Gobierno de los Estados Unidos debía tener información sobre el caso Carney, hipótesis que fue reforzada por las conversaciones sostenidas en la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa. De hecho, un telegrama desclasificado informa acerca de la primer a visita de los familiares de Carney a la Embajada de los Estados Unidos el 28 de septiembre de 1987, indicando que:

Por más de una década, la familia de Carney, ha insistido en la búsqueda de información sobre el caso de su hermano, invirtiendo considerable tiempo y recursos económicos. Ellos utilizaron su derecho d e acceso a información del Gobierno de los Estados Unidos, através de la Ley sobre la Libertad de Información (FOIA). Este proceso ha sido descrito en detalle en el Capítulo I de este informe.

Además de la solicitud FOIA presentada por la familia Carney, el Gobierno de Honduras, presentó de gobierno a gobierno, tres solicitudes más en el caso Carney. Las dos primeras se originaron en el Ministerio P&uacut e;blico de Honduras:

La primera fue presentada el 13 de junio de 1995, cuando el Fiscal General de Honduras, Dr. Edmundo Orellana Mercado, dirigió una carta al entonces embajador de los Estados Unidos, William T. Pryce, en la que explicaba que la inv estigación del caso Carney era de prioridad para la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. El fiscal Orellana solicitó:

Dos días después, la entonces Fiscal Especial de Derechos Humanos, Sonia Marlyna Dubón de Flores, mandó una segunda solicitud aún más específica, requiriendo al embajador Pryce, informaci ón sobre 19 diferentes temas. Entre estos Dubón solicitó:

El caso Carney, también fue uno de los seis casos sobre los cuales el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza, solicitó información en una petición formal, que entregó person almente al Embajador Pryce el 1 de agosto de 1995. El Comisionado solicitó:

El Padre Carney sirvió como capellán a un grupo de aproximadamente cien personas, entre hombres y mujeres, pertenecientes al Partido de Trabajadores Revolucionarios de Centro América (PTRC), quienes atrav esaron a pie la frontera de Nicaragua hacia Honduras, aproximadamente el 19 de julio 1983. La presencia de Carney en este grupo fué confirmada en las notas del diario del líder del grupo, Dr. José María Reyes Mata, quien narra el viaje de los guerrilleros a una región montañosa de Honduras.3 Cuando Reyes Mata fue ejecutado por los soldados hondureños, su diario fue recuperado, aunque algunas páginas faltaban.

Una traducción en inglés del diario preparado por el Servicio Extranjero de Información Audiovisual (FBIS), fue desclasificado por la CIA. El diario hace varias veces referencias a "Mario", seudónimo con el q ue se conoció al Padre Carney. El 15 de agosto, el texto del diario dice:

Esta es la última mención de Mario en el diario.

El PRTC fue considerado como una seria amenaza a la seguridad nacional de Honduras. "La infiltración desde Nicaragua de una fuerza guerrillera entrenada en Cuba hacia una región remota en Honduras en 1983" fue consi derada como "la amenaza más importante a la seguridad internacional" según lo establece un informe enviado en 1988 al Inspector General de la CIA donde se afirma que:

Una operación militar completa fue montada contra el grupo PRTC.

Pasajes de documentos estadounidenses, anteriormente secretos, proporcionan una respuesta parcial a las interrogantes claves referentes al destino de las guerrillas del PRTC entre ellas:

¿Cuándo comenzaron las Fuerzas Armadas de Honduras a monitorear los movimientos de los guerrilleros del PRTC?

¿Cuándo se dieron cuenta los militares hondureños de la presencia del Padre Carney en dicho grupo?

¿Cómo fueron tratados los guerrilleros del PRTC por parte de los militares hondureños, cuándo fueron capturados y cuándo desertaron?

¿En qué medida hubo un involucramiento de los Estados Unidos en la detección, rastreo y eliminación del grupo PRTC?

¿Qué sabían los funcionarios del gobierno estadounidense sobre el bienestar y la ubicación del Padre Carney? y

¿Cuándo supieron sobre ello?

El 1 de agosto de 1983, dos guerrilleros del PRTC desertaron cerca del pueblo de Catacamas, y se entregaron al ejército hondureño. De acuerdo a un telegrama desclasificado del Departamento de Estado:

Inmediatamente después de la aparición de los desertores, los militares hondureños montaron la "Operación Patuca" en Olancho, con el objeto de localizar, capturar y eliminar a los guerrilleros del PRTC.

Las fuerzas especiales del ejército hondureño de la "Operación Patuca" llegaron a Nueva Palestina, Olancho, y establecieron su cuartel e iniciaron su misión de contrainsurgencia el 4 de agosto de 1983. Al d&i acute;a siguiente, un grupo de Rangers del Fort Lewis, Estado de Washington (unidad militar especializada del Ejército de los Estados Unidos), descendieron en paracaídas en Olancho. Ellos permanecieron ahí hasta el 16 de agosto, parti cipando en lo que el Pentágono denominó una "operación simulada de contra insurgencia" con las fuerzas hondureñas 7. Todo esto fue parte de los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Honduras, los que fueron desc ritos como sigue en un informe desclasificado de las investigaciones del Sub Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos:

Mientras duró la "Operación Patuca", un importante número de miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos estuvo presente en Honduras.

Documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) indican que el monitoreo de la "Operación Patuca" fue observado de cerca. La DIA en un detallado informe de inteligencia, recogió informa ción sobre el grupo del PRTC y sobre su modus operandi. El reporte de inteligencia incluyó:

• El nombre, seudónimo, rango y lugar de origen de todos los guerrilleros (de los desertores y de todos los que estaban en fila);

• Las fechas y los lugares hacia los cuales desertaron algunos guerrilleros o donde fueron capturados, heridos o asesinados;

• El número exacto y la organización de la guerrilla;

• Datos demográficos y moral de la guerrilla;

• La localización de aquellos guerrilleros que aún estaban en las filas;

• Los tipos de entrenamiento recibidos por la guerrilla;

• La cantidad de provisiones (armas, equipo y comida) que la guerrilla tenía;

• La localización y contenido de los depósitos de armas;

• El inventario del equipo, documentos, grabaciones y armas, decomisadas a la guerrilla.

La DIA documentó la participación de las siguientes unidades militares hondureñas en esta operación:

• Compañía del Décimo Sexto Batallón de Infantería 9

Documentos desclasificados indican que es probable que interrogadores del Batallón de Inteligencia Militar 3-16 (MIB), conocido más comúnmente como Batallón 3-16, participaron en la "Operación Patu ca". Un documento desclasificado del Pentágono describió la organización y las funciones de este Batallón de Inteligencia Militar 3-16 y señaló:

Poco tiempo después de la desaparición de Carney, el 28 de septiembre de 1983, sus familiares visitaron la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa por primera vez. Un cable desclasificado informó so bre las visitas, señalando que:

Sin embargo, dos meses más tarde, la Embajada de los Estados Unidos comentó sobre el resultado de la investigación de la familia Carney en relación al destino de su hermano que:

Estas aparentes contradicciones aumentan la especulación acerca del rol exacto de los asesores militares de los Estados Unidos y Agentes de la CIA en la "Operación Patuca". ¿Qué tan genuina fue la preocupaci&oacu te;n del Gobierno de los Estados Unidos por el respeto de la soberanía de Honduras?.

Varios documentos anteriormente secretos hacen rápida referencia a la presencia del personal militar estadounidense en las operaciones de contraguerrilla en Olancho, como se indica en este ejemplo :

Otros documentos indican una participación estadounidense mucho más directa en la operación. En una carta a la familia Carney del 7 de diciembre de 1983, el Departamento de Estado declaró que :

Parece que personal estadounidense asistió también con operaciones sicológicas destinadas a la población civil en la región donde el grupo PRTC estaba operando. Un informe de inteligencia indica que do s desertores guerrilleros fueron filmados declarando que:

Más adelante en el texto se reconoció que:

Anotaciones al final del informe muestran que copias de la videograbación fueron adelantadas a la DIA en Washington.

¿Dónde está ahora esta videograbación?

¿Contiene información sobre derechos humanos que pueda ayudar a dictaminar sobre el destino del Padre Carney y otros guerrilleros del PRTC?

¿Si es así, por qué no ha sido entregada a las autoridades hondureñas?

El gobierno estadounidense insistentemente ha pretendido decir que no tenía conocimiento de la presencia de Carney en el grupo del PRTC, hasta que la "Operación Patuca" había casi finalizado. Una secci&oa cute;n de un telegrama desclasificado subtitulado "Conocimiento de la Embajada del Involucramiento de Carney", explicó que :

Si de hecho, el gobierno etadounidense no detectó la presencia de Carney en el grupo PRTC hicieron caso omiso de pistas anteriores. Por ejemplo, un cable del 30 de agosto de 1983 de la oficina del Agregado de Defensa en Tegucigal pa a la DIA en Washington, D.C. enlistó los seudónimos y nombres reales de todos los guerrilleros del PRTC. Esta lista incluyó una entrada que dice:

La alegación del Agregado de Defensa estadounidense de que interrogaciones de desertores del PRTC, en agosto y septiembre, por oficiales militares hondureños, no habían rendido información sobre la presencia del Padre Carney en el grupo guerrillero difícilmente puede ser aceptada. De hecho, Ronald Glass, anteriormente un Agregado asistente del ejército quien acompañó al Agregado de Defensa en agosto de 1983, durante los inte rrogatorios de los desertores del PRTC, ha puesto en tela de duda esa pretensión. En una entrevista en mayo de 1997 con uno de los colegas jesuitas del Padre Carney, Glass afirmó enfáticamente que:

El personal estadounidense en el campo caracterizaron el tratamiento hacia los guerrilleros desertores como humano, y notaron que:

Tal vez los desertores recibieron un mejor tratamiento que los guerrilleros capturados. Documentos desclasificados contienen referencias que son bastante inquietantes sobre el destino de los guerrilleros capturados. Por ejemplo, en una carta del 11 de noviembre de 1983 dirigida a familiares de Carney, el General Alvarez Martínez, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, explicó que:

Es presumible que los guerrilleros capturados estaban desarmados y vigilados por un número de soldados hondureños. Dada esa circunstancia, "una escaramuza" con el resultado de la muerte de todos los guerrilleros no parece ser lógica. Las circunstancias que rodean la muerte de estos guerrilleros capturados debería ser investigada con mayor profundidad.

Otro informe elaborado por el capitán del ejército estadounidense, Ronald L. Glass y aprobado por el coronel de la Fuerza Aérea, Dale W. Bollert, es superficial, pero da lugar a más preocupaciones en lo que s e refiere a violaciones a los derechos humanos. Este da los nombres y los seudónimos de otros seis guerrilleros y después declara en forma directa que:

¿Fueron detenidos los guerrilleros sospechosos en forma ilegal sin acusación formal?

¿Significa "escape" un eufemismo para disimular el hecho que fueran ejecutados de manera premeditada?

¿Asistió el personal estadounidense de la Oficina del Agregado de Defensa a los interrogatorios de estas personas?.

El Comisionado no logra entender como hubiese servido a Honduras mantener el status de las personas detenidas en "duda", excepto, por supuesto, que esto fuera una recomendación sutil para "desaparecer" a estos guerr illeros sospechosos. El destino de estos individuos deberá ser investigado.

El 9 de septiembre de 1983, cinco helicópteros UH-60 blackhawk del Batallón de Aviación 101 de Fort Campbell, Kentucky, fueron vistos volando sobre el oriente de Honduras. El 20 de septiembre de 1983, ofi ciales estadounidenses vinculados con la "Operación Patuca" dijeron al noticiero CBS que:

El Pentágono denegó este informe.

Más tarde, el Departamento de Estado expuso la versión oficial del Gobierno de los Estados Unidos sobre los acontecimientos en una carta a la familia Carney, declarando:

Si ésta versión es verdadera se podría eximir a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de involucramiento directo en el combate que ocurrió el 9 de septiembre. Pero su veracidad no está clara. Un art&ia cute;culo, publicado en la revista The Nation citó a un alto oficial militar hondureño, no identificado, quien estaba cerca, insistiendo que:

Finalmente, el oficial del ejército hondureño en comando de la Fuerza Especial Patuca descartó cualquier alegación de involucramiento estadounidense en el área de combate. En una conferencia de prensa el 19 de septiembre de 1983, él declaró:

Dada la evidencia de documentos desclasificados y otras fuentes, nosotros sabemos que esto es una mentira descarada.

La CIA negó enfáticamente su involucramiento en la "Operación Patuca". Un informe de 1988 sobre una investigación del Inspector General de la CIA, estableció:

El sargento retirado de las Fuerzas Armadas hondureñas, Florencio Caballero Bonilla, fué una de las fuentes primordiales de información sobre el caso Carney y otros casos de abusos a los derechos humanos. Caballero desertó del aparato hondureño de Inteligencia Militar 3-16 en junio de 1986, y más tarde compartió información en diferentes foros, algunos públicos y otros confidenciales. Esta sección examina e l testimonio de Caballero y la respuesta del Gobierno de los Estados Unidos en relación al caso Carney.

En 1987, miembros de la familia Carney hicieron contacto con Caballero para entrevistarse con él en Canadá, donde el exmilitar había buscado asilo político. Caballero dijo a la familia Carney que las ó rdenes de ejecutar al Padre Carney y al líder de la guerrilla PRTC, Dr. José María Reyes Mata, venían directamente del General Gustavo Alvarez Martínez. Caballero señaló que el personal de los Estados Unido s, incluyendo a un agente de la CIA conocido como "Mister Mike" estaban presentes cuando recibieron las órdenes del General Alvarez. Este testimonio contradice las declaraciones oficiales de que el personal de los Estados Unidos no estaban informad os del involucramiento de Carney con el PRTC hasta que la "Operación Patuca" se desarrolló.

Caballero, que estaba asignado a Nueva Palestina, dijo que él personalmente no había visto al Padre Carney, sin embargo, declaró que había escuchado de segunda mano, que el Padre Carney había sido capt urado y conducido a El Aguacate, un campamento cerca de Catacamas, departamento de Olancho, que fué manejado por la CIA para los "Contras" nicaragüenses. Caballero sostuvo que instructores de la CIA y del Pentágono, quienes entre naron a los contras, estaban presentes en "El Aguacate" durante la detención del Padre Carney. El informó a la familia que Carney fué subsecuentemente torturado y luego fue lanzado "vivo desde un helicóptero" sobr e la selva hondureña.

Caballero, dijo además que él había visto el diario y algunos objetos religiosos que habían pertenecido al Padre Carney. El indicó que este diario fue más tarde entregado al Capitán Ch&aa cute;vez Hernández, quien era el segundo del comando en el Batallón 3-16, después del Mayor Alexander Hernández.

En enero de 1988, Caballero testificó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, en el histórico caso de la familia de Angel Manfredo Velásquez Rodríguez contra el Estado d e Honduras.

También, Caballero compartió su testimonio con el periodista James Le Moyne, quien lo citó extensamente en su artículo titulado "Testificando sobre tortura" en el The New York Times Magazine, el 5 de junio de l988. En relación al caso Carney, el artículo de LeMoyne declara:

¿Caballero vio e interrogó al Padre Carney o no? esta discrepancia necesita ser clarificada. El artículo de la revista proporcionó detalles acerca de lo que expresó Caballero de haber sido entrenado por la CI A:

Las alegaciones sobre las actividades criminales de la CIA, hechas por Caballero, en el artículo de LeMoyne, causaron una gran agitación de investigaciones del gobierno estadounidense. El 9 de junio de 1988, el Inspector G eneral de la CIA, ordenó una investigación sobre las declaraciones de dicho artículo. El Comité de Inteligencia del Senado llamó al Director Adjunto para Operaciones de la CIA, Richard Stolz, a una audiencia a puertas ce rradas sobre la capacitación de interrogadores hondureños y manuales de entrenamiento por la CIA. Después de esta audiencia y dos sesiones más a puerta cerrada con empleados del SSCI, el 14 y 17 de junio de 1988, el Comit&eacut e; acordó suspender más cuestionamientos hasta que se hubiese concluído la investigación del Inspector General. Aunque la fecha exacta es todavía secreta, durante este proceso empleados de la SSCI se entrevistaron con Ca ballero.

Aunque fragmentos significativos de la información están todavía tachados, parte de las transcripciones de la audiencia del Comité de Inteligencia y de la entrevista de miembros del Comité con Caballer o fueron entregadas al The Baltimore Sun en marzo de 1995, en respuesta a una solicitud FOIA. Partes separadas de un memorándum al Inspector General de la CIA del 24 de agosto de 1988, sobre el tema de "Investigación de las Alegacione s del Artículo del The New York Times del Involucramiento de la CIA con Oficiales Hondureños Acusados de Abusos de Derechos Humanos", fueron entregadas en agosto de 1997.

Documentos desclasificados muestran una gran confusión sobre ¿si Caballero recibió entrenamiento de la CIA o no?, y ¿si así fue cuándo?.

Los hallazgos de la investigación del Inspector General en 1988 refutaron el testimonio de Caballero. En la página 3, del memorándum, se reporta que:

Sin embargo, más adelante en el mismo documento, en una discusión sobre la interrogación de Inés Consuelo Murillo, una joven abogada hondureña, y supuesta subversiva, quien fue detenida ilegalmente, si n formularle cargos, el documento relata la llegada de un oficial del servicio temporal enviado por la CIA para ayudar con la interrogación de Murillo:

Un informe emitido por la CIA el 3 de junio de 1988, anticipando la publicación del artículo de LeMoyne indicó que:

La segunda página del referido informe está completamente tachada.

Más tarde en el mismo mes, en la audiencia del SSCI, el Oficial de la CIA Richard Stolz testificó que:

Basado en las propias declaraciones de Caballero y sobre otras fuentes, el Comisionado piensa que las fechas de 1983 para el entrenamiento en la CIA, de Florencio Caballero son correctas. Si este es el caso, Caballero hubiera completado su entrenamiento de interrogación un día después de la captura de Inés Murillo. Parece sensato presumir, por esa razón que los "ejercicios prácticos", pudieron haber implicado la interrogación d e Inés Murillo, algo que Caballero reconoció en su testimonio. También, ésto señalaría el hecho que Caballero completó exitosamente su entrenamiento de interrogación, antes del inicio de la "Operaci& oacute;n Patuca" y de la "desaparición" del Padre Carney. Si éste fuera el caso, se corroborarían partes del testimonio de Caballero, de manera que se concibe que Caballero estaba en la posición de interrogar a Carney y/o leer informes interrogatorios que estaban en los archivos.

Desde la primera vez que se dió a conocer el testimonio de Caballero, los Estados Unidos le han restado importancia y han cuestionado su exactitud.

Antes de la publicación del artículo de LeMoyne en el The New York Times Magazine, el SubSecretario de Defensa, Fred C. Ikle, escribió al Senador Tom Harkin, diciéndole que:

Un testimonio jurado de Caballero fue recibido por representantes de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público de Honduras, en Toronto, Canadá, en noviembre de 1996. Este es el último te stimonio dado por Caballero antes de su muerte en julio de 1997. Este testimonio permanece reservado hasta que sea presentado como evidencia ante los tribunales hondureños.

Además del testimonio de Florencio Caballero, han circulado públicamente otras versiones sobre la muerte del Padre Carney. Estas versiones se presentan en esta sección en orden cronológico.

 Los días 14 y 15 de septiembre de 1983, informes de la prensa hondureña declararon que las Fuerzas Armadas de Honduras, asistidas por asesores militares estadounidenses, habían rodeado y capturado un nú mero de guerrilleros del PRTC en Olancho, entre ellos al Padre Carney y al Dr. José María Reyes Mata. Estos informes declararon además que el Padre Carney murió de una enfermedad gastrointestinal, y que se realizó una au topsia a su cadáver. Al día siguiente, el 16 de septiembre de 1983, los militares hondureños negaron estos informes.

El 19 de septiembre del mismo año, hubo una conferencia de prensa en Nueva Palestina, departamento de Olancho, en la cual fueron mostrados a los reporteros, las vestimentas religiosas del Padre Carney , un cáliz de madera y su Biblia. El comandante de la Fuerza Especial Patuca del ejército hondureño, mayor Leonel Luque Portillo, anunció que el Padre Carney había muerto de inanición en la selva, más tarde voceros militares se retractaron de aquella explicación, diciendo que la muerte del Padre Carney no podía ser confirmada.

Sin embargo, unos días después, el 22 de septiembre de 1983, un telegrama de la embajada estadounidense dirigido al Departamento de Estado, contenía otras versiones, se informó que :

El mismo texto se repuso en forma actualizada:

En una conferencia de prensa en la ciudad de México, en octubre de 1983, la Comisión Cristiana de Derechos Humanos de Honduras declaró que uno de los "desertores", presentes en la conferencia de prensa del 19 de sep tiembre de las Fuerzas Armadas de Honduras, Oswaldo Castro, había dicho a su familia, que dos consejeros estadounidenses, el teniente West Blank, encargado de inteligencia en la Base de " El Aguacate", y el mayor Mark Kelvi, segundo en el comando, estaban presentes en la interrogación del Padre Carney. Castro, según el informe, sostuvo que la interrogación tuvo lugar en las celdas subterráneas de la base "contra" El Aguacate, la que utilizaban como bodega para alm acenar materiales bélicos. Castro, según el informe, declaró que el General Alvarez participó directamente en varias sesiones de la interrogación. Despues de que los prisioneros fueran ejecutados cuando trataron de "e scapar", su familia entregó la información a la Comisión Cristiana de Derechos Humanos. La prematura muerte de Castro significó que los familiares de Carney nunca pudieron encontrarse y entrevistarse con él, as&iacut e; como ellos lo hicieron con otros quince guerrilleros desertores.

Un memorándum desclasificado indica que por lo menos un miembro del Congreso se reunió con oficiales de la CIA, cuyos nombres no se mencionan, para ser informado sobre la posible causa de la muerte del Padre Carney. El rep resentante William S. Broomfield fue avisado que:

A pesar de esas declaraciones "sinceras" al congresista, la familia de Carney no recibió ninguna respuesta oficial de parte de la CIA sobre el destino del religioso, hasta cuatro años más tarde. El 7 de abril de 1988, el entonces director de la CIA, William Webster escribió :

Dos meses más tarde, el 16 de junio de 1988, el Comité de Inteligencia del Senado, la autoridad que provee supervisión de las actividades de la CIA en Honduras, sostuvo audiencias a puertas cerradas sobre los manual es de interrogación usados en Honduras. La única pregunta sobre el caso Carney la dirigió William Cohen, ahora Secretario de Defensa, al Director Suplente de Operaciones de la CIA Richard Stolz:

La transcripción de la audiencia indicó que no le exigieron a Stolz aclarar sus respuestas vagas y confusas.

Un resumen de cuatro páginas, que la CIA preparó para acompañar su entrega de documentos relacionados con Carney en Marzo 1997 esboza tres posibles escenarios al respecto de su destino. La primera "versión co múnmente aceptada" es "que el Padre Carney no fue capturado sino que murió de severa desnutrición"40. Esta versión se basa en las interrogaciones hechas a los guerrilleros y lo que aparece en el diario de Reyes Mata.

El resumen señala que "una segunda versión es que el Padre Carney fue capturado y posteriormente ejecutado por militares hondureños, versión que no puede ser descartada, considerando informes recientes que in dican que unidades militares hondureñas capturaron y ejecutaron a un número de insurgentes" 41. Esta versión se basa en parte del testimonio de Florencio Caballero.

La tercera versión, presentada por la CIA, es la más inmoral y preocupante y supone que Carney "fue ejecutado por militares hondureños, pero agrega, que él fue torturado y después desmembrado". La CIA asegura que esta versión es "no corroborada" y "basada en información de segunda mano de un activista izquierdista con una agenda política particular" 42

El 29 de agosto de 1997, la CIA liberó un documento redactado en forma muy completa con el título "Revisión y Hallazgos del Grupo de Trabajo Honduras". Aunque 25 de 37 páginas fueron retenidas completamente y la fecha del documento fue tachada, al parecer fue elaborado al final del 96 o a inicios del 97. A pesar de toda la tinta negra, es el mejor resumen accesible al público de los análisis actuales de la CIA sobre el caso Carney. El Grupo de T rabajo Honduras de la CIA señaló que: